El PP cree que clausurar las desaladoras traerá problemas judiciales
El PP ha reiterado sus dudas acerca del procedimiento que pretende abrir el Cabildo, a través del Consejo Insular de Aguas, con el fin de la apertura de expedientes a 48 desaladoras que están realizando su función en Lanzarote para el autoconsumo.
Los populares expresaron en el pleno de la mañana del viernes su inquietud por las medidas que va a realizar el gobierno para amonestar a las plantas, teniendo en cuenta los antecedentes de Pedro San Ginés en conflictos judiciales como la incautación de Montaña Roja o la Cueva de los Verdes que han desembocado en conflictos ambos asuntos.
“Mucho nos tememos que esta nueva actuación del presidente, adoptada con mucha precipitación, de prisa y corriendo, va a generar no una ni dos sino una avalancha de denuncias que una vez más vamos a tener que sufragar con fondos públicos”, ha señalado Saray Rodríguez, la portavoz adjunta del PP.
“Qué podemos esperar de un presidente que, a pesar de las advertencias, consumó la patada en la puerta para incautar una desaladora privada saltándose la ley”, se pregunta la consejera, quien reconoce abiertamente que ante este tipo de acciones y sus consecuencias, “es evidente y perfectamente entendible que cuando se hable de agua San Ginés haya perdido todo crédito”.
“No se puede tener confianza en un presidente que tiene por costumbre saltarse la ley a la torera y actuar de forma arbitraria sin medir las consecuencias de su precipitación, máxime en un asunto donde es evidente que se ha producido un cambio radical de criterio coincidiendo con la entrada de Canal Gestión en la gestión del ciclo integral del agua”.La portavoz asegura que todos estos conflictos que se avecinan podrían haberse evitado si desde el principio el Presidente hubiese dado marcha atrás en su decisión de no permitir que en el nuevo Plan Hidrológico entrasen las desaladoras privadas.
“Hasta el día de la fecha en la isla de Lanzarote han convivido perfectamente la gestión pública y privada del agua y no entendemos el empecinamiento de San Ginés por prohibir una actividad que en otras en otras islas también se desarrolla y con total normalidad”, sentencia Rodríguez.