miércoles, 23 octubre 2024

La Asociación de Personas Sordas de Lanzarote solicita la corrección de errores en la Convocatoria de Subvenciones de Acción Social

Asculsorlanz muestra su preocupación por los defectos del decreto por el que se convocan las ayudas de acción social y pide que el Ayuntamiento vele por la igualdad en la concurrencia.
Las subvenciones de Acción Social del año 2016 fueron convocadas el pasado 6 de Enero de 2017, momento en que se abrió el plazo para la presentación de las solicitudes.
Sorprendentemente según dicha convocatoria las solicitudes deben presentarse con fecha límite el día 3 de Febrero del mismo año, plazo que coincide, según nota de prensa de dicha institución, con el de fin del plazo para la justificación de los proyectos ya ejecutados. Esto es así porque según el Decreto los proyectos a subvencionar deberán haber sido ejecutados dentro del período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre del 2016, lo que supone que sólo aquellas entidades que hayan contado con fondos propios para respaldar sus acciones sociales,  podrán ahora acceder a la subvención, es decir, las ONGS no solo prestamos la labor social de apoyo al Ayuntamiento, sino que además tenemos que costear por adelantado nuestro trabajo.
A lo expuesto se une la más sincera preocupación por el hecho de que no se hace constar en la Convocatoria modificación de crédito alguno con respecto al presupuesto del ejercicio del año 2.016 que ampare su concesión, lo que hace peligrar la llegada del dinero a las entidades que tanto lo necesitan para desempeñar labores sociales.
Después de la consulta efectuada a otras asociaciones de personas sordas de las Islas Canarias, Asculsorlanz se pregunta cómo va a estar disponible en 2017 el dinero de las subvenciones, si ésta no se concedieron durante el ejercicio presupuestario del año 2016.
Según parece, la materialización del gasto se haría imposible según las premisas con las que está redactado el Decreto.
Se hace entonces necesario, dado el perjuicio que se puede causar no sólo a las entidades sin ánimo de lucro que ejercen acciones sociales en beneficio de la comunidad, sino también a la ciudadanía de la isla en general,  que se compruebe por parte del Ayuntamiento las manifestaciones aquí efectuadas y que se proceda por parte de esa institución a corregir los evidentes defectos legales en los que incurre el decreto mencionado, cumpliendo así no sólo con la obligación de velar por los derechos en su municipio sino también asegurando que todos podamos concurrir a las ayudas de acción social en igualdad de condiciones.
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