El delegado del Gobierno en Lanzarote presume de seguridad mientras la realidad pide más recursos
PJ
Lanzarote, en teoría, se mantiene como un entorno seguro, al menos según la reciente nota de prensa emitida por la Dirección Insular de la Administración General del Estado, en la que se destaca un «elevado nivel de seguridad» en la isla. La visita del coronel jefe de la Comandancia de Las Palmas, Javier Peña de Haro, se utilizó para recalcar este mensaje, con palabras optimistas sobre el trabajo incansable de la Guardia Civil y las mejoras proyectadas en recursos. Sin embargo, la realidad parece pedir matices. ¿Es esta seguridad una imagen fiel o una simplificación conveniente?
Pese a la imagen de tranquilidad transmitida, los datos aportados en el informe destacan un índice de criminalidad de 48 infracciones por cada 1000 habitantes y una tasa de esclarecimiento que, según indican, supera el 60%. Pero esta estadística, aparentemente favorable, no basta para apaciguar las preocupaciones de quienes residen y trabajan en la isla. La seguridad en Lanzarote, al menos en el día a día, incluye áreas de clara mejora, especialmente en delitos de proximidad, robos menores y presencia policial efectiva en las zonas más concurridas. Así, mientras las cifras de delitos resueltos son significativas, muchos de estos crímenes que afectan al pequeño comercio, las zonas residenciales y los turistas quedan en un limbo de resoluciones parciales.
En cuanto a la gestión de la inmigración, la nota menciona que esta es una de las áreas prioritarias de la Guardia Civil. Sin embargo, quienes han sido testigos de las complejidades de esta situación sostienen que la realidad en los centros de acogida y en el puerto de Arrecife dista mucho de ser impecable. Las limitaciones en recursos materiales y humanos se hacen patentes, y el refuerzo de personal que promete la Administración General del Estado ha sido una promesa reiterada que apenas ha mostrado resultados tangibles en las zonas de desembarque.
Por otra parte, delitos como la violencia de género, los ciberdelitos y los delitos de odio exigen una intervención más contundente. Las cifras de denuncia y la velocidad de respuesta en estos casos han puesto en duda el “elevado nivel de seguridad” que se presume. La Guardia Civil en la isla está comprometida, pero el aumento de casos y la falta de especialización específica en temas emergentes, como la ciberdelincuencia, requieren más que una evaluación general para estar verdaderamente a la altura de la necesidad de protección.
En definitiva, si bien el delegado del Gobierno puede vanagloriarse de sus cifras, Lanzarote sigue mostrando una realidad de seguridad compleja. Las palabras elogiosas y los números optimistas son un alivio temporal, pero los vecinos esperan algo más sólido que un mero compromiso protocolario.