La Fiscalía recurre el protocolo de menores migrantes en medio de una jornada de llegadas masivas a Lanzarote
Un barco de Salvamento Marítimo. (Europa Press/Antonio Sempere)
PJ
Este miércoles, Lanzarote ha vuelto a ser el epicentro de la crisis migratoria en Canarias. Las llegadas de pateras no cesan, y con ellas aumenta el número de menores no acompañados que desembarcan en las costas, complicando aún más la gestión y acogida de personas en la isla. La situación, ya de por sí desbordante, se ha visto agravada por el recurso interpuesto por la Fiscalía Superior de Canarias contra el recién aprobado Protocolo Territorial de atención a menores extranjeros migrantes no acompañados. La Fiscalía ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) la paralización inmediata del protocolo, argumentando que vulnera derechos fundamentales y deja a los menores en una situación de desamparo.
En una jornada en la que las costas de Lanzarote han recibido una llegada masiva de inmigrantes, la tensión entre administraciones es palpable. El protocolo, que fue aprobado el 12 de septiembre por el Gobierno de Canarias, establece que la Administración Central debe ser la primera en intervenir tras la llegada de los menores, realizando una serie de trámites previos antes de transferir la responsabilidad al Ejecutivo insular. Sin embargo, la Fiscalía ha recurrido ante el TSJC, al considerar que este protocolo viola el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución y la Convención de los Derechos del Niño, así como el derecho a la integridad moral garantizado por el artículo 15 de la misma.
El recurso no se queda solo en la denuncia de estos principios, sino que plantea una medida cautelarísima, solicitando que el tribunal paralice de manera inmediata la aplicación del protocolo, sin esperar informes del Gobierno de Canarias. Según la Fiscalía, la ejecución del protocolo implica la ausencia de atención inmediata a menores en situación de desamparo, quienes llegan en pateras tras duras travesías desde África. Esto agrava una crisis migratoria que ya está llevando al límite los recursos de las islas.
El Gobierno central, encabezado por Pedro Sánchez, ha expresado su rechazo al protocolo aprobado por el Ejecutivo autonómico de Fernando Clavijo, ya que considera que podría haber un conflicto de competencias. De hecho, el Gobierno ha solicitado un informe al Consejo de Estado para evaluar la situación y no descarta llevar el asunto ante el Tribunal Constitucional. El protocolo pretende descargar de responsabilidades al Gobierno insular hasta que se realicen los trámites iniciales con los menores, pero la situación sobrepasa con creces lo administrativo.
Por su parte, el Gobierno de Canarias defiende que el protocolo es necesario ante la sobrecarga que sufren las islas, y en particular Lanzarote, que este miércoles ha sido testigo de la llegada masiva de inmigrantes, incluidos numerosos menores. Fernando Clavijo ha declarado la situación de las islas como una "emergencia migratoria agravada", argumentando que ya se han agotado todos los recursos materiales y humanos para la acogida de menores migrantes no acompañados. Según el ejecutivo canario, el protocolo permite organizar de manera más eficiente la atención a los menores, pero la respuesta del Gobierno central y la Fiscalía deja la situación en un limbo legal que amenaza con empeorar aún más la crisis.
El protocolo estipula que, tras la llegada de un menor, se debe proceder a su identificación, inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados (RMENA) y emisión de una resolución administrativa que asigne su ubicación. Solo después de este proceso, el Estado comunicaría al Gobierno de Canarias que el menor está listo para ser acogido. Sin embargo, la Fiscalía argumenta que esta burocracia impide una respuesta rápida a las necesidades urgentes de estos menores, muchos de los cuales llegan en condiciones extremas y necesitan atención inmediata.
Mientras los recursos legales se debaten, Lanzarote sigue enfrentando la llegada continua de inmigrantes. Este miércoles ha sido un día particularmente crítico, con un gran número de pateras arribando a la isla, lo que ha puesto aún más presión sobre los servicios de acogida, ya desbordados. Entre los inmigrantes, muchos menores no acompañados, cuya atención se vuelve más compleja por la saturación de los centros y la falta de recursos.
La situación de los menores migrantes en Canarias es un reflejo de la crisis migratoria más amplia que afecta a todo el archipiélago, donde el número de llegadas supera con creces la capacidad de respuesta de las administraciones locales. A la espera de la decisión del TSJC sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía, la incertidumbre y la sobrecarga en los centros de acogida siguen aumentando. Mientras tanto, las costas de Lanzarote se mantienen como la primera línea de una crisis humanitaria que parece no tener fin.