lunes, 22 julio 2024

Descontrol en el mercado de alquiler Canario: Ley de Vivienda del PSOE señalada como principal culpable

Foto. Elpejeverde.coom

S. Calleja

Más de un año después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda impulsada por el PSOE y su socio de gobierno PODEMOS, los efectos esperados sobre la moderación del mercado de alquileres parecen ser más una utopía que una realidad. A lo largo del territorio nacional, especialmente en comunidades como la nuestra( Canarias ), los precios de los alquileres no solo no han descendido, sino que han experimentado aumentos significativos, afectando directamente a los residentes y destacando desafíos únicos frente a la política habitacional actual.

En Canarias, donde los valores de solidaridad y comunidad siempre han jugado un papel crucial en su tejido social, el incremento del 13,6% en los alquileres resalta una contradicción palpable entre los ideales insulares y las políticas nacionales. Este aumento se sitúa por encima del promedio nacional de 13,2%, según datos de Idealista, con un costo medio que alcanza los 14,2 euros por metro cuadrado.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, señala en declaraciones al Diario El Mundo que la Ley de Vivienda, lejos de aplacar los precios, ha evidenciado un "fracaso" en abordar las necesidades reales del mercado. "Las medidas tomadas hasta ahora han mostrado ser inadecuadas frente a la oferta decreciente y la presión creciente de la demanda", afirma Iñareta. En regiones como Canarias, esta realidad no solo es económica sino también social, donde el tejido comunitario se ve amenazado por la inestabilidad habitacional.

Baleares lidera el aumento con un 21,5% interanual, marcando un récord de 19,9 euros por metro cuadrado, seguida de comunidades como Madrid y Cataluña. Canarias, a pesar de su menor costo relativo, enfrenta retos similares, con un impacto directo en la vida de sus habitantes y en la preservación de su identidad cultural.

Las implicaciones de estas subidas son más que cifras; reflejan un deterioro en la calidad de vida de los ciudadanos y un desafío a los valores canarios de solidaridad y comunidad. La situación exige una revisión crítica y una posible reformulación de las políticas actuales para realmente alinear las necesidades de los ciudadanos con las acciones del gobierno.

 

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