Frente a las aulas cerradas: La compleja travesía de padres y madres en Lanzarote entre sus roles laborales y familiares

S. Calleja

El AMPA Pejeverde del CEO Costa Teguise nos envía una nota con una reflexión que seguramente firmarían todos los padres con niños en edad escolar de Canarias y bajo el manto de las nubes que ocasionalmente oscurecen el panorama educativo en las Islas Canarias, emerge una inquietud que, más que susurro, se transforma en un grito desesperado de las familias, envueltas en la paradoja de la protección. Las puertas de los centros educativos se cierran por calor, no por un festivo acordado, sino por decisiones climáticas que, bajo la lupa de la seguridad, dejan en evidencia las carencias históricas de algunas infraestructuras educativas de Lanzarote.

La reciente suspensión de jornadas lectivas por condiciones meteorológicas en el archipiélago se ha convertido en el catalizador de una problemática que, como un caldero a punto de hervir, ha estado gestándose en la profundidad de la administración educativa. El Gobierno de Canarias, con sus decisiones, reconoce indirectamente que los colegios e institutos, lejos de ser fortalezas del saber, se erigen como espacios vulnerables ante las inclemencias del tiempo. Pero, ¿qué sucede cuando las soluciones propuestas encierran, a su vez, otras problemáticas en su seno?

El reclamo no radica únicamente en la suspensión de las actividades lectivas y no lectivas, que libera al personal docente y administrativo de sus responsabilidades laborales, sino también en el traspaso subyacente de la responsabilidad de cuidado y protección de los estudiantes hacia las familias. Madres y abuelos, quienes con sus brazos abiertos reciben a los niños y niñas, se encuentran en la encrucijada de garantizar su seguridad, a menudo, sacrificando sus propias labores y bienestar.

La suspensión de las actividades educativas plantea también la intrincada cuestión de si los hogares se transforman automáticamente en entornos seguros para niños y jóvenes de 2 a 16 años. Y más aún, las voces críticas señalan que, posiblemente, encomendar esa seguridad a los abuelos, que también son vulnerables a condiciones extremas de temperatura, sea simplemente otro error en la cadena.

Se pone sobre la mesa no solo un cuestionamiento a las decisiones actuales, sino también un llamado a la reflexión sobre el abandono histórico que han sufrido las infraestructuras educativas en Canarias. Un reclamo que no es nuevo, ni aislado, sino que ha sido esbozado en memorias anuales, informes y análisis previos. Pero que, a pesar de su recurrente aparición, parece navegar en un mar de burocracia y olvido.

Frente a este escenario, las familias de este Centro Educativo de Costa Teguise , demandan que, al menos mientras no se garantice la seguridad en los centros educativos, se libere a uno de los progenitores para el cuidado de sus hijos en días de suspensión. Un pedido que se ancla en la necesidad de garantizar el bienestar de los estudiantes, pero que también se erige como una crítica directa a la falta de soluciones concretas y a largo plazo por parte de la administración.

Los hilos de la crónica, entrelazados entre el deber institucional y el derecho a la educación y protección de los niños y niñas, tejen una realidad que pide, con urgencia, ser modificada. La comunidad educativa, con su fortaleza y persistencia, insta a la creación de una infraestructura segura y robusta que no solo resista las adversidades climáticas, sino que también se convierta en el faro que ilumine y guíe a las futuras generaciones hacia un puerto seguro de conocimiento y desarrollo.