jueves, 29 septiembre 2022

San Ginés ve odio en la apertura de juicio oral en su contra por falsa denuncia

El ex presidente del Cabildo de Lanzarote y actual consejero de CC en la oposición, Pedro San Ginés, ha mostrado su total sorpresa ante la apertura de un juicio oral contra él por presuntos delitos de falso testimonio y acusación y denuncia falsa en la causa de los Centros Turísticos. Recuerda el nacionalista que ni siquiera fue él el que puso la denuncia, sino Astrid Pérez en nombre del Consejo de Administración de los CACT.

 

San Ginés, que está atravesando un particular vía crucis en el último año, considera que contra él hay un odio larvado durante diez años. “En primer lugar, es inaudito que sea precisamente yo quien tenga una denuncia por falsa denuncia y falso testimonio. Denuncia sin duda auspiciada por Mª Dolores Corujo, a través de su jefe de Gabinete de Presidencia, Carlos Espino, y su jefe de Prensa, Mario Alberto Perdomo; ambos con un odio larvado durante diez años de imputación por una denuncia que en realidad presentó Ástrid Pérez”, señala en un comunicado. “Vaya por delante que compartí y comparto básicamente el contenido de aquella denuncia del que no reniego, pero la realidad formal y la verdad, frente a lo que dicen tanto la denuncia como los autos de su señoría, es otra”.

 

Y pasa San Ginés a enumerar:

 

“1 – Yo no puse la querella que interpusieron los CACT contra Carlos Espino y una empresa vinculada a la denunciante, entre otros. Fue Ástrid Pérez por acuerdo del Consejo de Administración de los CACT, del que yo ni siquiera formaba parte. (Se adjunta certificado del secretario de los CACT y poder notarial de Ástrid Pérez designando al procurador que la presentó).

 

2- Yo no fui voluntariamente a la UCO a presentar ninguna denuncia. Me llevaron agentes de la UCO que me recogieron en mi domicilio cuando fui requerido por el juez Pamparacuatro como testigo en el marco de la “Operación Unión”, y así se desprende del acta de mi declaración, cuando de manera expresa me advierten de las consecuencias delictivas de la revelación de secretos, dado que mi declaración “se encuadra dentro de las Diligencias Previas 697/08 declaradas secretas por el juzgado de instrucción n.º 5...”

 

3- Yo no fui nunca personalmente, tras declarar en la UCO, al juzgado de guardia a “presentar otra denuncia de fecha desconocida”. Sencillamente porque jamás he estado en un Juzgado de Guardia.

 

4- Mi testimonio en la investigación de la denuncia no debió ser importante para el juez instructor, porque son otros los graves testimonios que el juez desmonta en su auto de archivo, sin hacer la menor referencia al mío.

 

5- Si el juez instructor que archivó la denuncia contra Espino, Mario Alberto y Climafrical, entre otros, hubiese visto mala fe, habría sido él quién debió abrir diligencias contra mí por temeridad o mala fe en mi testimonio.

 

6- La falta de contratos que dieran cobertura a los gastos realizados en las cocinas y los sobrecostes en las facturas de las tres empresas vinculadas a la denunciante formal, están reflejados en los testimonios de altos directivos de los CACT y acreditados por los informes periciales solicitados por un anterior juez instructor.

 

7 – Son los testimonios del director económico y financiero y del consejero delegado de los CACT, los que retratan el aparentemente delictivo modus operandi del entonces secretario general del PSOE y consejero de los CACT, hoy jefe del Gabinete de la Presidencia, Carlos Espino, al contratar tanto las cocinas, como a la empresa del entonces asesor suyo y hoy jefe de Prensa de la presidenta, Mario Alberto Perdomo, o a una empresa de los “hermanos Acosta”, entre otras.

 

8- Del contenido de sus testimonios y del mío solo cabrá concluir, de manera inequívoca, que se trata de una denuncia con fines exclusivamente políticos sin ninguna base ni sustento real.

 

Documentos adjuntos

 

1.- Certificado del secretario del Consejo de Administración de los CACTs, facultando a Ástrid Pérez para la interposición de la querella.

 

2.- Segunda página del poder a procuradores otorgado por Ástrid Pérez.

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