jueves, 18 agosto 2022

Astrid Pérez da carpetazo al asunto del solar de Ginory

La alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, realizó
este jueves un recorrido cronológico para explicar, basándose exclusivamente en
sentencias judiciales e informes técnicos y jurídicos, la situación actual en que se
encuentra el solar de Ginory, terreno por el que pesa una condena indemnizatoria
contra el Ayuntamiento “por culpa de nefastas decisiones tomadas cuando
gobernaba esta Institución el Partido Socialista”, según puntualizó.
Astrid Pérez señaló que “el Psoe ha tenido más de 30 años para explicar, y todavía
no lo ha hecho, por qué en los años 80 gobernando con mayoría absoluta ordenó
rellenar de tierra una parcela que era agua, por qué permitió que ese terreno pasase
a manos privadas cuando era suelo de dominio público, y por qué finalmente decidió
que el Ayuntamiento lo ocupara, lo que provocó una sentencia condenatoria
millonaria para las arcas municipales”.
La alcaldesa recordó que tras la denuncia de la propiedad, el Jurado Provincial de
Expropiación Forzosa estableció en 2006 un justiprecio del solar de 31 millones,
decisión que fue impugnada por el Ayuntamiento; y culpó al Psoe de “vulnerar la
legalidad al solicitar una retasación en 2008 sin que hubieran transcurrido los 4 años
que establece la Ley para poder ejercer tal derecho y que estableció un nuevo
justiprecio por valor de 41 millones de euros ”.
Astrid Pérez consideró que “lo lógico es que el alcalde socialista que gobernaba en
aquel momento hubiera esperado a que se resolviese la impugnación”, finalmente
favorable al Ayuntamiento y que estableció en 2010 un nuevo justiprecio del solar
fijado en 20 millones de euros; y además acusó al Partido Socialista de no tener en
cuenta que “conforme al Plan General vigente en aquel momento no se podía
expropiar ese suelo de ninguna manera”.
Informe jurídico
Una afirmación respaldada por la Secretaría del Ayuntamiento de Arrecife a través de
informe jurídico emitido el pasado 22 de junio en el que se sugiere instar al Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa a que revise el citado acuerdo de 2010 al consider

que la parcela “es técnica y jurídicamente inexpropiable, debido a que el Plan
General no legitimaba, ni legitima, en forma alguna la utilización del mecanismo de
la expropiación” para suelo adscrito a un plan sectorial, como es el caso del terreno de
Ginory adscrito al plan sectorial Capellanía, explicó la alcaldesa.
En el informe se señala además que “el acuerdo del Jurado de 2010 es nulo asimismo
porque considerando la nulidad del acuerdo de tasación de 2006, la valoración la
debería haber realizado la Comisión de Valoraciones de Canarias y no el Jurado
Provincial de Expropiación Forzosa”.
En este sentido, Astrid Pérez señaló que a diferencia de la anterior alcaldesa, Eva de
Anta, “que hizo caso omiso a informes jurídicos del Ayuntamiento en el que se le
instaba plantear la nulidad de pleno derecho de la retasación, este grupo de
gobierno sí va a plantear dicha nulidad a sabiendas de que esta iniciativa tiene muy
pocas posibilidades de prosperar dado el largo tiempo transcurrido, lo que permite al
Jurado Provincial de Expropiación desestimar nuestro recurso”; y aseguró que toma
esta medida “porque mientras sea alcaldesa haré todo lo posible por defender el
interés general”.
Por otra parte, recordó que “gracias al plan de pago” elaborado bajo su mandato en
2019 “hemos parado la sangría que generaba mantener una deuda con un principal
de 20 millones de euros, más los intereses correspondientes que se incrementaron
en un 2% más, pasando al 5%, por condena del Tribunal Superior de Justicia de
Canarias contra Eva de Anta por su inacción a la hora de hacer frente al pago de la
deuda; lo que supuso destinar más dinero público para la propiedad sin que por ello
nadie dimitiera ni diera la cara en este Ayuntamiento”.
Por último, Astrid Pérez agradeció al Psoe “que haya posibilitado” afrontar dicho plan
de pagos a través de la solicitud de un crédito “a un 0,5% de interés pero que nos ha
permitido ahorrar los más de 1.900 euros diarios que estábamos pagando por el
principal de la deuda más el 5% de interés”; y recordó el auto judicial “favorable al
Ayuntamiento que reduce los casi 12 millones de euros de intereses que pedía la
propiedad a 9,6 lo que ha supuesto un ahorro de casi 2,3 millones de euros a las
arcas municipales”.

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