Política

Entre ellas, exige la cancelación de la contra reforma laboral, para garantizar la competitividad de empresas y autónomos, la reducción a la mitad del Impuesto de Sociedades y rebajas en cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas afectadas • Plantea una certificación “COVID free” europea para las infraestructuras turísticas que cumplan con los protocolos de seguridad sanitaria

12 de mayo de 2020.

- El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una proposición no de ley en la que propone al Gobierno un Plan con 22 medidas prioritarias de apoyo al sector turístico para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, entre ellas la del establecimiento de un protocolo único de actuación para todo tipo de destinos, que ofrezca garantías de seguridad higiénico sanitarias; la cancelación de la contra reforma laboral, para garantizar la competitividad de empresas y autónomos; la reducción a la mitad del Impuesto de Sociedades y rebajas en cotizaciones a la Seguridad Social a las empresas afectadas. En la exposición de motivos de la iniciativa, el Grupo Popular constata que todos los que integran el sector turístico han venido advirtiendo desde el primer momento sobre los graves perjuicios que está sufriendo el sistema económico y empresarial español como consecuencia de las decisiones adoptadas por el Gobierno, porque “lo cierto es que no se han tomado medidas valientes de protección de las empresas, tal y como se ha hecho en otros países europeos”. Se añade que el objetivo de la propuesta es que el Gobierno no tome decisiones estratégicas equivocadas, porque el reto que tiene ahora es consolidar la posición privilegiada del sector turístico español. Para ello, se proponen las siguientes medidas:

1.-Poner en marcha recursos destinados a la adaptación de establecimientos y destinos, a la adquisición de material y equipamiento para la desinfección y prevención sanitaria de empresas y elementos de la escena urbana de las ciudades.

2. -Elaborar un protocolo único de actuación para todo tipo de destinos turísticos (playas, museos, aeropuertos, etc), que ofrezcan garantías de seguridad higiénica sanitarias a los turistas, trabajadores y empresarios, y a los ciudadanos de todos los destinos.

3.-Impulsar desde España una certificación “COVID Free” europea que acredite a aquellas infraestructuras públicas, museos, empresas turísticas de alojamiento, hostelería,agencias, transporte, comercio, parques de atracciones, campos de golf, servicios turísticos, etc., que certifique que las mismas cumplen con los protocolos de medidas de higiene y seguridad sanitaria que aprueben las autoridades competentes.

4. -Agilizar al máximo todas las ayudas que se pongan en marcha, y simplificar al máximo el procedimiento para concederlas, con el máximo de garantías Decretar el “carácter y tramitación de urgencia” para todos los procesos administrativos, tales como las contrataciones, subvenciones, etc., previstas para el año 2020.

5.-Flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para permitir que todos los Ayuntamientos puedan disponer del 100% del superávit generado en el año 2019 para implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia del COVID19 siempre que no supongan gastos estructurales.

6.-Reducir los cánones estatales derivados de las ocupaciones de playas a los que debe hacer frente cada Ayuntamiento, asociados a la utilización de las mismas según marca la Ley de Costas, para disponer de recursos adicionales, así como flexibilizar las propias concesiones administrativas de ocupación del espacio público marítimo terrestre.

7.-Suspender el cobro por parte del Estado de cualquier tipo de canon por concesiones administrativas y del Dominio Público Marítimo Terrestre. 8.-Cancelar cualquier propuesta del Gobierno de incremento de la carga fiscal o de creación de nuevas tasas o impuestos que graven al trasporte aéreo y, alternativamente, aprobar un plan especial orientado a promover una rebaja de las mismas para fomentar la conectividad por vía aérea de nuestros destinos. 9.-Reducir a la mitad el Impuesto de Sociedades a los sectores afectados por la crisis, en concreto al turístico.

10.-Ampliar a 12 meses más la tarifa plana para autónomos reduciéndola a los 50€ iniciales y rebajar otros módulos en los sectores más afectados.

11.-Cancelar la contra-reforma laboral para garantizar la flexibilidad y la competitividad de las empresas y los autónomos.

12.-Aplazar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, rebajar las de empresas afectadas, y cancelar toda la subida propuesta en las bases mínimas y máximas.

13.- Ampliar significativamente la dotación de la línea de crédito ICO de 400 millones de euros, aportando garantías temporales que faciliten a las empresas su acceso.

14.-Impulsar medidas específicas para posicionar la oferta de turismo de interior, turismo de naturaleza, turismo gastronómico, turismo rural, turismo activo

.15.-Diseñar un Plan específico de 12 meses de duración que contenga medidas de exención, bonificación y aplazamiento de todo tipo de impuestos y pagos a cuenta durante ese periodo de protección. Este plan debe contemplar todos los impuestos y tributos tanto estatales como autonómicos y locales. 16.-Ampliar el RD 8/2020 en lo relativo a medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada (ERTEs) de manera que sea aplicable a las empresas proveedoras con interdependencia directa con la hostelería.

17.-Establecer mecanismos de cooperación gubernamental internacional y, especialmente, en el ámbito de la Unión Europea para reclamar los cobros pendientes por servicios facturados antes de la declaración del estado de alarma en España, a las empresas extranjeras (turoperadores, OTAs,…).

18.-Constituir de manera urgente la mesa de trabajo anunciada por el Gobierno y de la que formen parte hoteleros, agencias y empresas de transporte que inicie lo antes posible los trabajos destinados a revisar, rediseñar, actualizar y mejorar el programa de vacaciones para mayores del IMSERSO.

19.-Planificar y reforzar acciones promocionales y de comunicación en el mercado internacional para mejorar la percepción de España como destino turístico de máximo nivel en calidad, seguridad y profesionalidad y que contribuyan a recuperar la confianza para volver a viajar. 20.-Considerar de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 y las disposiciones dictadas por el Estado para su control, como causas de exoneración de la responsabilidad administrativa a efectos del procedimiento sancionador del articulo 169 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2007, cuando la no ejecución del contrato de viaje combinado obedezca y tenga su causa en la imposibilidad de prestar los servicios por las restricciones impuestas al movimiento de personas en el Real Decreto 463/2020.

21.-Promover desde el Gobierno, junto con las Comunidades Autónomas, Diputaciones, Cabildos, destinos, sector y medios de comunicación, una gran campaña turística que anime la demanda doméstica y genere confianza en viajar en los meses posteriores a la situación de Estado de Alarma, que permitan reactivar el consumo para recuperar lo antes posible la actividad económica. 22.-Crear de manera inminente de un comité interministerial “COVID-19 para el Turismo”, coordinado por la Secretaría de Estado de Turismo y del que formen parte representantes de las Comunidades Autónomas y las diferentes asociaciones turísticas. La proposición no de ley va suscrita por la portavoz del GPP, Cayetana Álvarez de Toledo, el secretario general del Grupo, Guillermo Mariscal, la adjunta a la Secretaría General, Isabel Borrego, y el portavoz de Turismo, Agustín Almodóbar.

Tania Ramón: “Aún no hemos obtenido ningún tipo de respuesta en la que haya dado cabida a la oposición en la creación de una mesa de trabajo”

“Hace más falta que nunca, medidas específicas para atenuar el impacto del Covid-19 sobre el paro juvenil, fortaleciendo, entre otros aspectos, el apoyo a la emprendeduría, los incentivos a la contratación juvenil o la potenciación del sector primario como oportunidad estratégica”

Lanzarote, 11 de mayo de 2020.- El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote continúa reclamando la puesta en marcha un gabinete de crisis técnico-político multiparticipado con participación de los siete ayuntamientos de la isla, representantes de las fuerzas políticas de la oposición y representantes de los agentes económicos y sociales, para que elaboren un Plan de Reactivación Económica (PRE), que necesariamente habrá de ser un plan vivo y una estrategia cambiante que mejore sus propuestas a base de ensayo y error, que deben ser los menos posibles y asumidos por todos.

“Ya han pasado dos meses desde que hicimos la propuesta. Sabemos que se han reunido con agentes sociales y con los ayuntamientos, pero no hemos tenido cabida en las mismas. Volvemos a pedir que se realice una mesa de trabajado donde la oposición pueda debatir y proponer líneas de actuación, construyendo así un pacto de unidad” ha señalado la consejera del Grupo Nacionalista Tania Ramón.

Asimismo, la consejera recuerda que antes de la crisis sanitaria en Canarias ya existía un paro juvenil (menores de 30 años) superior al 50% y, ahora, añade, “no quiero ni pensar hasta dónde podría dispararse, por lo que creemos que hace más falta que nunca, medidas específicas para atenuar el impacto del Covid-19 sobre el paro juvenil y evitar que la desesperanza y la marginalidad se instalen de manera definitiva entre los más jóvenes”.

Así, insiste en que aunque los Jóvenes Nacionalistas de Canarias ya hayan presentado una batería de propuestas al Gobierno de Canarias, “creemos que el Cabildo de Lanzarote puede y debe adoptar otra serie de medidas complementarias para animar a la juventud a creer en su tierra como un lugar de esperanza en el que la primera administración insular no se olvida del principal activo de futuro que tenemos, que es nuestro capital humano”.

Para ello, CC-PNC realiza las siguientes propuestas en distintos ámbitos:

Empleo

Que las políticas de empleo e inserción presten especial atención a los más jóvenes, profundizando en distintas líneas que eviten la fuga de talentos con medidas como:

- Potenciar programas de asesoramiento y acompañamiento en el emprendimiento, además de apoyo específico a la emprendeduría.

- Profundizar en la creación de líneas de incentivos de contratación laboral específicas para los más jóvenes.

- Profundizar en el desarrollo de programas para todas las administraciones de Lanzarote mediante contratos en prácticas, apoyándose en las Fundaciones Universitarias para su desarrollo.

- Bonificar billetes para el desplazamiento a otras islas cuando se trate de acudir a entrevista de trabajo como incentivo a lo movilidad laboral entre islas.

- Potenciar el sector primario como oportunidad estratégica para el empleo de jóvenes sin alta cualificación académica. Con formación específica, puesta a disposición de suelo, facilitar maquinaria agrícola y ayudas a la emprendeduría, entre otras medidas ya propuestas para el sector.

En cualquier caso, afirma la consejera nacionalista, “es más imprescindible que nunca no solo que el Estado mantenga los planes integrales de empleo para Canarias, sino que active un plan específico en islas como Lanzarote, La Graciosa y Fuerteventura con una dependencia del sector turístico mucho mayor la de cualquier otra isla”.

Educación

- Que el Cabildo asuma las matriculas universitarias en 2020, cuando los progenitores se encuentren en situación de desempleo.

- Agilizar el cobro de todas las becas y ampliar la partida de becas de emergencia.

- Realizar regularmente estudios de mercados sobre nuevos nichos de empleo, para que en las universidades y especialmente en la FP, se adapten en lo posible sus programas educativos a la demanda y la realidad socio económica juvenil.

- Por otra parte, hemos echado de menos una actitud más proactiva de la consejera de Educación del Cabildo, por ejemplo instando a Educación a fijar una fecha para la EBAU o una resolución de final de curso, cuestiones sobre las que permanece la incertidumbre

Cultura

- Revisar íntegramente y de manera urgente la programación cultural prevista para los próximos 18 meses, estableciendo una cuota mínima de al menos un 75% de propuestas generadas por artistas, autores y creadores lanzaroteños, y priorizando las actividades que entendamos tienen cabida para su desarrollo con gestores, productores y promotores locales.

- Renunciar, durante un tiempo, a los “mega-conciertos” de grandes figuras, que, casi siempre, consumen buena parte de los recursos institucionales.

- No gastar tantos recursos en entretenimiento y cargar el acento en los profesionales, sobre todo en el marco de las fiestas populares de nuestros pueblos, cuando estas se reanuden.

Deporte, turismo y comercio

- Aunque la actividad físico-deportiva o los eventos culturales no son exclusivos de la juventud, en este ámbito habría que reprogramar y priorizar, pero no suspender la totalidad de los eventos deportivos y culturales como parece ser la intención, si no mantener determinados eventos deportivos o culturales al aire libre, que lleguen al mayor número de personas con el menor riesgo.

- Desarrollar un programa especial de conectividad entre islas: campaña institucional para hacer una suerte de "inter-raíl" de jóvenes para este verano en Canarias. Poder moverse por todas las islas con una tarifa única.

- Debemos establecer un plan para la dinamización de las zonas comerciales de la isla tras la crisis, y creemos que el segmento de la población juvenil puede ser importante para implementarlos, sin que sepamos qué se está haciendo o qué tienen planteado al respecto.

Los nacionalistas presentan un documento de propuesta con más de 130 medidas y haciendo hincapié en la recuperación del empleo

CC-PNC cifra en 970 millones lo que corresponde a Canarias en el reparto de los 16.000 millones del fondo de Comunidades Autónoma; de los que 670 se extraerían del montante de reactivación económica y el resto de compensación por gasto sanitario y pobreza

Los nacionalistas exigen que se pelee “por el último céntimo” y no se traicione el interés de Canarias por lealtades políticas

CANARIAS a 11 de mayo de 2020

CC-PNC presentó hoy en rueda de prensa el contenido de sus propuestas (https://bit.ly/3cj5KyW) al Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias elaborado por el Gobierno que, como señaló el secretario general de los nacionalistas canarios, José Miguel Barragán, “no solo puede sustentarse en la unidad de acción de todas las fuerzas políticas y sociales; debe también ser creíble y posible de ejecutar” y para eso “es necesario despejar dos grandes dudas que ahora mismo están sobre la mesa; qué medidas concretas se proponen y el contenido de la ficha financiera que debe hacerlas posible”.

En este sentido, Barragán, que estuvo acompañado en la rueda de prensa por el coordinador del documento nacionalista, Fernando Clavijo, señaló que las propuestas nacionalistas incorporan medidas concretas, hasta un total de 130, al tiempo que señala una serie de dudas sobre la ficha financiera presentada por el Gobierno “que demandamos sea explicada antes de la siguiente reunión” (prevista para el viernes, 15 de mayo). Para el líder nacionalista “sin despejar las dudas sobre la capacidad de gasto en este pacto y en el plan que lo concretará es muy difícil seguir avanzando”.

Así, Barragán detalló las 18 dudas sobre la propuesta de financiación presentada por el Gobierno regional y para las que los nacionalistas requieren respuestas. Entre ellas, la ausencia en la misma de los 1.200 millones de euros que el Estado adeuda a Canarias por la sentencia firme del Tribunal Supremo por el incumplimiento del Convenio de Carreteras; el hecho de que con una caída prevista del PIB en más de dos dígitos se presente una propuesta con una cantidad que es similar a la reflejada en los presupuestos para 2020 o la ausencia de análisis sobre la pérdida de ingresos así como que repercusiones de ajustes en el gasto público va a conllevar. Además, los nacionalistas también señalan la falta de un análisis o proyección realista sobre el coste del mantenimiento de los servicios públicos. En concreto, en el caso de la Sanidad que presenta dos realidades; mantener su actividad ordinaria y hacer frente a la realidad de la pandemia. En el caso de Educación, CC-PNC también requiere información sobre la previsión sobre el coste de adaptación a las nuevas medidas sanitarias que se están planteando para volver a las aulas en septiembre.

Las dudas sobre las partidas reflejadas por el Gobierno autonómico en esa ficha financiera, también incluyen el hecho de que algunas de ellas “parecen repetidas a menos que se trate de nuevos recursos sobre los que no se da detalle” como es el caso de las partidas destinadas la cuota cero de los comedores escolares, la cantidad destinada a activar el sector de la construcción o para la cuota cero de autónomos o la ficha del Posei; cantidades que aparecen en el documento como aportaciones extraordinarias para hacer frente a la situación actual “lo que genera dudas sobre si se trata de unos recursos extraordinarios o son los ordinarios con los que ya se contaba”. Los nacionalistas también señalan que las bonificaciones y aplazamientos de impuestos aparecen en esa ficha financiera como una aportación del Ejecutivo canario “algo que es incorrecto puesto que si se trata de un aplazamiento se trata de un recurso que va a recuperarse con el tiempo”.

Barragán señaló además que “para poder seguir avanzando hacia un acuerdo que consideramos necesario” es vital “conocer cuál es la política fiscal que propone el Gobierno para este nuevo período; si mantiene la misma hoja de ruta que se había marcado el Ejecutivo al inicio de mandato y demandó conocer “si esta ficha financiera que compromete recursos del Estado está contrastada con el Gobierno central o si, por el contario, no tiene más valor que ser una estimación que puede o no cumplirse”.

El secretario general de CC-PNC explicó que, además de estas dudas, los nacionalistas plantean en su documento un paquete de medidas urgentes “que ya deberían haber sido tomadas por el Gobierno autónomo y que no pueden esperar a que se firme este acuerdo”. En total, 12 medidas que pueden permitir a Canarias “anticiparse a los escenarios más adversos” y a las que se sumarían esas 130 medidas adicionales “que marcan la hoja de ruta de acción de Gobierno que los nacionalistas entendemos que hay que seguir para superar la crisis social y económica a la que se enfrenta Canarias”.

El coordinador del documento, el senador Fernando Clavijo, detalló el contenido de ese plan de choque compuesto por doce medidas que parten de una primera realidad “despejar cuanto antes las incógnitas sobre el uso del superávit y el endeudamiento” para conocer con qué recursos reales va a contar Canarias para el Plan de reactivación. En este sentido, aseguró que el reparto de los 16.000 millones que el Estado destinará a las Autonomías debe saldarse con un ingreso para Canarias de 670 millones de euros en función de la población, el impacto de la pandemia en la economía canaria y el paro

Según detalló Clavijo, de los 16.000 millones tal y como ha avanzado el Estado 10.000 son para compensar el gasto sanitario, por lo que el dinero que venga a Canarias será el que pueda justificar el Gobierno de Canarias; 1.000 millones se repartirá en función de criterios de pobreza y por último 5.000 son para compensar el impacto económico de la pandemia y es precisamente en el reparto de estos 5.000 millones donde “señalamos que un reparto lineal sería terriblemente injusto con Canarias, tal y como ha anticipado el PSOE cifrando la cantidad total para Canarias en 500 millones, cantidad que coincide con la pérdida de recaudación por imposición indirecta”.

Por eso al reparto meramente por población (Canarias representa el 4,52% de la población española), que implica una cantidad de 226.000.000 euros, que sale de multiplicar 4,52% por los 5.000 millones de euros se le debe aplicar, según CC-PNC, criterios correctores o debe ser complementada dadas las condiciones singulares de Canarias y el ser un territorio RUP. Así, aunque se pueden utilizar diversos criterios correctores para ello, CC-PNC propone “dos que consideramos objetivos; el desempleo y el PIB per cápita”.

Al aplicar esos dos criterios correctores “objetivos y cuantificables” y sumado a la pérdida de ingresos, a Canarias, de esa partida de 5.000 millones destinadas al impulso económico le deberían corresponder 670,4 millones de euros; cantidad a la que se debe sumar el reparto por índice de pobreza y las facturas por gasto sanitario. Es decir, una cantidad que debería rondar los 970 millones de euros.

En este sentido, los nacionalistas señalaron que “debe existir unidad de acción también para reclamar un reparto justo de este fondo de 16.000 millones” y recalcaron que “Canarias no puede permitirse perder un solo euro ni resignarse con menos de los que le corresponde” e instaron al Ejecutivo “a que pelee por sus derechos” y “no se traicione el interés de las Islas por un interés partidista”.

Además, de las 12 medidas incorporadas en el Plan de Choque que van desde reforzar la licitación de obras, declarar urgente la tramitación de todos los procedimientos relacionados con los proyectos de renovación, modificar la Ley del Suelo para que los proyectos de renovación turística se agilicen, la prolongación de los ERTEs para que la incorporación de los trabajadores sea proporcional al incremento de la actividad económica; líneas de financiación para la rehabilitación turística o que se disminuya en un 25% la cotización a la Seguridad Social de aquellos empleos susceptibles de acogerse al teletrabajo, los nacionalistas proponen 130 medidas que deben marcar la hoja de ruta de este futuro plan de reconstrucción de Canarias.

En especial, tanto Barragán como Clavijo defendieron que además de incorporar “a las dos universidades públicas canarias al pacto porque se trata de una ausencia que no se justifica y genera un enorme vacío” es necesario “que se busquen fórmulas para garantizar los ingresos de ayuntamientos y cabildos”. “Las administraciones locales tienen un papel principal en la atención social y son parte fundamental para garantizar la viabilidad de ese gran pacto que propone el Gobierno” por lo que “sin colaboración y cooperación entre administraciones ese plan no será efectivo”.

“Igual que se demanda unidad para la recuperación económica es necesaria la unidad para la defensa de nuestros derechos conquistados”

Canarias, a 10 de mayo de 2020

El secretario general nacional de CC-PNC, José Miguel Barragán, exigió hoy “unidad de acción política y social” en Canarias en defensa del descuento del 75% para residentes en viajes interinsulares y con la Península. Así, el líder nacionalista avanzó que “igual que se demanda la unidad de todos los grupos políticos y los agentes sociales” para la recuperación social y económica, es “vital” que esa misma unidad “se active para la defensa de nuestros derechos conquistados”.

Las últimas informaciones que llegan desde el Ministerio de Transportes y Movilidad plantean nuevas dudas sobre la continuidad “de un derecho de los canarios consolidado en el REF y en nuestro Estatuto” lo que “nos hace sospechar que se quiere utilizar la actual crisis económica como coartada para eliminarlo o rebajarlo; algo que los canarios y canarias no podemos permitir”.

Barragán recordó que recientemente el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuestionaba el sistema de bonificación del 75% para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y señalaba su alto coste para las arcas del Estado como justificación para recomendar sistemas alternativos. Ese informe, unido a las últimas noticias que llegan del ministerio “deben impulsar un gran pacto en Canarias para la defensa de este derecho”.

“No podemos permitir que se cuestione nuestro REF y nuestro Estatuto y, además, en este momento de contexto económico las herramientas que nos igualan en oportunidades al territorio peninsular, y esta lo es, son más necesarias que nunca para que Canarias pueda superar con el menor daño posible esta crisis”. “Canarias”, recuerda el nacionalista, “no puede tener las mismas oportunidades que el resto de territorios para salir de esta situación sin las ayudas al transporte de pasajeros y de mercancías” y, por supuesto, “sin todas las herramientas de las que nos dota nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF)”.

El secretario general de los nacionalistas canarios recuerda que las ayudas al transporte de pasajeros y al transporte de mercancías no son “beneficios” para los canarios, “son derechos reconocidos” y herramientas “que nos permite, como sociedad, compararnos con aquellos que viven en territorio continental y a las empresas competir en igualdad de condiciones”. En este sentido, apunta que el descuento del 75% de residente compensa a los canarios por la lejanía y por el hecho de que el transporte aéreo en nuestro archipiélago es el equivalente a los trenes de alta velocidad en la Península y que, también los canarios, han contribuido a fomentar con sus impuestos.

Por ello, ante el complicado escenario económico que se avecina y las primeras decisiones tomadas por el Estado para la “centralización” de fondos como los de las políticas activas de empleo, el bloqueo del superávit y la negativa a dejar que las corporaciones locales puedan utilizar la totalidad de su remanente en la atención a los colectivos más afectados por la crisis económica derivada del COVID-19 “debe activar las alarmas para garantizar que ninguno de los derechos que tenemos recogidos en el REF, y por tanto en el Estatuto, van a ser modificados”. “Partidos políticos, agentes sociales y económicos… todos”, continua Barragán, “debemos unirnos para defender el 75% y debemos hacerlo ya; no esperar a que desde Madrid se tomen las primeras decisiones”.

El líder nacionalista recuerda además que CC-PNC ha pedido en el Senado, a través de una iniciativa del senador autonómico, Fernando Clavijo, que las partidas destinadas a pagar el 75% del descuento que no han sido utilizadas durante el estado de alarma “se ingresen en las cuentas de la Comunidad Autónoma, puesto que es un dinero que corresponde a los canarios”, de tal forma que puedan utilizarse para compensar una bajada de las tasas aeroportuarias -y ganar competitividad con respecto a otros destinos-, para crear un fondo de compensación de vuelos -y garantizarnos la llegada de las líneas aéreas y la conectividad con destinos emisores de turismo- y para compensar la crisis social provocada por la caída de la economía.

“En eso”, prosigue Barragán, “es en lo que debemos estar ahora mismo unidos; en lograr que ese dinero que nos corresponde llegue a Canarias y en demostrar fortaleza para evitar que tan siquiera se pueda plantear una minoración de esa subvención” y de la misma forma “que se nos exige unidad para la nueva etapa, nosotros la exigimos para defender nuestros derechos”.

Barragán advierte que “hay medidas que no pueden esperar a un gran acuerdo”

Al margen de que las negociaciones para ese pacto político avancen es necesario “tomar ya decisiones que frenen la sangría social y económica”

El documento nacionalista recoge más de 130 medidas que completan o modifican el texto aportado por el Ejecutivo

CANARIAS, 9 de mayo de 2020

El secretario general nacional de CC-PNC, José Miguel Barragán, remitió ayer al Gobierno de Canarias las propuestas nacionalistas al pacto social y político para la reconstrucción de Canarias presentado por el Gobierno de Canarias (https://bit.ly/3cj5KyW). En total, 130 medidas, que completan o modifican el texto del Gobierno y que tienen por objetivo evitar la mayor pérdida de puestos de trabajo y minimizar el impacto de la crisis social y económica que empieza ya a sufrir el Archipiélago.

Además de remitir ese documento, los nacionalistas plantean la necesidad de que el Gobierno active un plan de choque “con carácter de urgencia” que ayude a paliar la sangría económica y social ya que, como explicó Barragán, “hay decisiones que no pueden esperar por este gran pacto y necesitan tomarse de forma inmediata porque cada día que pasa sin tomarse se corre peligro de agravar las consecuencias económicas y sociales”.

Así, el líder nacionalista apunta que “el tiempo es ahora más importante que nunca para evitar que las consecuencias sean aún mayores” y por ello insiste en que “se actúe con la diligencia que requiere un escenario tan complejo y catastrófico como el que se dibuja tras las secuelas de la pandemia”. Para ello “tendrá el Gobierno el apoyo de nuestra formación política para contribuir a activar todas las herramientas que sean imprescindibles para ello y para reivindicar al Gobierno del Estado y a la Unión Europea los recursos que nos corresponden”.

En ese contexto, el documento remitido al Gobierno de Canarias, recoge un total de 12 medidas para ese “plan de choque urgente”; medidas que van desde despejar las incógnitas del superávit y el endeudamiento, garantizando con qué recursos reales va a contar Canarias para el plan de reactivación, reforzar la licitación de obras creando un equipo específico para agilizarlas y decretando la urgencia o emergencia si fuera necesario y simplificar la tramitación urbanística con la finalidad de activar el sector de la construcción. En este apartado, los nacionalistas proponen en concreto declarar urgente la tramitación de todos los procedimientos relacionados con los proyectos de renovación y modificar la Ley del Suelo para regular un procedimiento de autorización de los proyectos de renovación turística equivalente al que rige las actuaciones de interés general.

En materia de empleo, ese plan de choque incluye la prolongación de los ERTEs para que la incorporación de los trabajadores sea proporcional al incremento de la actividad económica; que se habiliten líneas de financiación para la rehabilitación turística; que, como medida excepcional, aquellas personas que vayan siendo rescatadas de los ERTEs tengan una bonificación a la seguridad social de un 50% hasta la finalización de 2020 y que se disminuya en un 25% la cotización a la Seguridad Social de aquellos empleos susceptibles de acogerse al teletrabajo.

Ese plan de choque también debe servir para evitar la brecha digital, habilitar una línea financiera (subvenciones) para familias y empresas en materia de inversión en digitalización y, de la misma forma, para evitar situaciones de economía sumergida, y además, los nacionalistas proponen habilitar la tarifa plana para emprendimientos (50 euros) que se han visto obligados a cerrar por la COVID-19 sin necesidad de ser nuevos autónomos.

En el apartado de medidas sociales, CC-PNC considera urgente que se permita la compatibilidad de las prestaciones y subsidios (contributivas y no contributivas) obtenidas por la unidad familiar hasta que sumen como mínimo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) una medida que deberá ser proporcional al número de personas que convivan en un mismo hogar.

Los nacionalistas señalan además que dada la posibilidad de un rebrote del virus en otoño, resulta imprescindible reforzar nuestro sistema sanitario y sociosanitario de cara a ese posible brote. En ese sentido, es urgente montar un clúster sanitario público-privado para reforzar nuestras capacidades para actuar en un contexto en el que además estén llegando turistas a Canarias.

Finalmente, ese plan de choque propone que en materia educativa se establezca un apoyo prioritario al sistema educativo en esta emergencia y ofrecer todo el soporte que sea necesario para que la vuelta a las aulas se desarrolle con la mayor normalidad y seguridad y poder activar, en el caso de un nuevo escenario de confinamiento, una enseñanza a distancia completa y de calidad, desarrollando para ello plataformas digitales que garanticen la homogeneidad, la calidad de acceso y la lucha contra el absentismo.

Además de ese plan de choque, el documento de propuestas remitido por CC-PNC se señala que el pacto presentado por el Gobierno no contiene “dos elementos que son claves para garantizar la ejecución de un plan de estas características”; es decir, “medidas concretas y una ficha financiera extraordinaria para afrontar la peor crisis económica y social que hemos vivido en las islas en el último siglo”. Por ello, el texto hace hincapié en detallar una a una las medidas que deben ser contenidas en un pacto, y luego desarrolladas en un plan, para garantizar la efectividad del mismo y deja clara que la voluntad de los nacionalistas es avanzar en ese gran acuerdo que permita hacer frente a esta situación sin precedentes.

El documento de propuestas nacionalista se ha adaptado a la estructura presentada por el Ejecutivo aunque propone una alternativa de bloques de trabajo más sencillo y operativo repartido en tres ejes estratégicos (Estado de Bienestar, Desarrollo Económico y creación de empleo y recursos, energía y territorio).

Propone elevar la tasa de reposición al 100% de la plantilla para los ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes para una eficaz prestación de los servicios públicos 11 de abril de 2020.- El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha instado al Gobierno con una Proposición no de Ley a que permita el uso del 100% del superávit a los ayuntamientos para la lucha contra el Coronavirus. Concretamente, el Grupo Popular reclama al Ejecutivo que permita “flexibilizar la Regla de Gasto y resto de reglas contenidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para que todos los Ayuntamientos puedan disponer del 100% del superávit generado en el año 2019 para implementar aquellos servicios, ayudas y medidas extraordinarias que permitan actuar contra los negativos efectos sanitarios, sociales y económicos derivados de la pandemia del COVID-19 siempre que no supongan gastos estructurales”. Con dicha iniciativa, firmada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, los vicesecretarios del PP Antonio González Terol y Elvira Rodríguez, y el portavoz adjunto del GPP, Mario Garcés, el GPP plantea que “el superávit podrá destinarse a gasto corriente o inversión y estos no computarán en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria, no siendo necesaria la aprobación Plan EconómicoFinanciero para los supuestos de incumplimiento por uso del Remanente de Tesorería para Gastos Generales”. De igual manera, propone “autorizar a los Ayuntamientos a realizar gastos no estructurales en áreas de las que estrictamente no son competentes (empleo, educación…) para la puesta en marcha de políticas, iniciativas y/o ayudas propias o complementarias de otras autonómicas y/o estatales para una conseguir atender de manera rápida, coordinada y eficaz a los vecinos afectados por la crisis del coronavirus y lograr que la recuperación económica y del empleo se produzca a la mayor brevedad”. Además, insta al Ejecutivo a “prorrogar los plazos para que las Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2019, puedan ejecutarse en 2021 dado que la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del estado de alarma conllevará que muchas de ellas no puedan acabarse en 2020”. También solicita al Gobierno que implante medidas para que los Ayuntamientos puedan aplicar su superávit a la finalidad prevista en el RDL 8/2020, como “la supresión del límite de la previsión de la estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020; la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente para la gestión de ayudas a personas vulnerables; y que no sean consideradas subvenciones las prestaciones económicas del Sistema de Servicios Sociales de CCAA y Entidades Locales a personas y familias en situación o riesgo de emergencia y/o exclusión social”.

Finalmente, exige al Gobierno “respetar y garantizar la autonomía que la Constitución y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles no de un gobierno en concreto”. Asimismo, con otra Proposición no de Ley, el GPP insta al Gobierno “a permitir que las entidades locales puedan desarrollar dentro del escenario presupuestario 2020, en el que se incluye la aplicación del remanente de tesorería del año 2019, competencias que no le son propias para complementar las medidas y ayudas puestas en marcha por otras administraciones para hacer frente a la pandemia”. De igual manera, reclama al Ejecutivo que eleve “la tasa de reposición al 100% de la plantilla ya existente para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes para posibilitar una eficaz prestación de los servicios públicos (muchos de los cuales tienen el carácter de esenciales ante la crisis del COVID-19) ante la existencia de numerosas vacantes en las plantillas y el envejecimiento de las mismas”.

El GPP exige también que se permita “levantar la suspensión de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del Sector Público decretada en la Disposición Adicional Tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma en lo relativo a la contratación pública para no interrumpir los procesos de contratación de las entidades locales y así agilizar la recuperación económica y del empleo tras la finalización del confinamiento”. Dicha propuesta se justifica porque “permitiría a las administraciones locales seguir con sus procesos de contratación habituales sin generar retrasos en los servicios ni colapsos cuando finalice el periodo de confinamiento”. Además, se pide al Gobierno que “considere la pandemia como una situación de grave peligro, al objeto de que las Entidades Locales puedan adquirir bienes y contratar los servicios y suministros necesarios para hacer frente a sus efectos, mediante la tramitación de emergencia prevista en el art.120 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”. Finalmente, se insta al Ejecutivo a “pagar los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de las entidades locales del IVA correspondiente a diciembre de 2017; a poner en marcha medidas extraordinarias de liquidez, especialmente para que aquellas entidades locales que no hayan tenido superávit en sus cuentas públicas puedan poner en marcha medidas y ayudas puestas frente a la pandemia; a designar a las entidades locales como beneficiarias de aquellos Fondos de impulso prioritario de políticas sociales y de reconstrucción social y económica que se habiliten por el Estado dirigidos a las CCAA; y que la nueva programación de Fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027 se reoriente y adapte a la reconstrucción de las economías locales con la creación de fondos específicos cuyos destinatarios sean las entidades locales”.

El Grupo Nacionalista en el Cabildo insiste en que ninguna medida adoptada va a ayudar a los Centros Turísticos como la de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo

Samuel Martín: “Abrir los restaurantes, que siempre han dejado pérdidas, sin tener certeza de ingresos, lo único que va a conseguir es empeorar la situación ya que tan solo va a acarrear un mayor aumento de los gastos: agua, luz y todo el género que no puedan sacar”

Lanzarote, 6 de mayo de 2020.- “Mientras que, por una parte, Coalición Canaria ha logrado que el Estado se comprometa a prolongar los ERTES del sector turístico en el archipiélago hasta que se recupere la actividad de los vuelos internacionales, la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Mª Dolores Corujo, sigue empeñada en su negativa, que le impedirá ayudar a muchas familias de la isla, por salir al rescate del presidente español Pedro Sánchez.

Con esta afirmación, el representante del Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Consejo de Administración de los Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, Samuel Martín, insiste en que ninguna medida va a ayudar a los CACT como la de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Primero, subraya Martín, “mintieron, alegando que era imposible porque que estaban prohibidos para empresas públicas y que, además, los trabajadores eran funcionarios, pero finalmente, aunque no han pedido disculpas por el engaño, aducen que hay dudas jurídicas para los trabajadores antiguos, dudas que no han despejado casi dos meses después de declarada la situación de alarma. Ahora, además, recalca el consejero “anuncian todo tipo de medidas que no van a resolver nada y agravarán la situación, por no hacer lo que tienen que hacer”.

“Tanto la presidenta como el consejero delegado, Benjamín Perdomo, lanzan continuamente preocupantes mensajes contradictorios a la ciudadanía”, afirma Martín quien recuerda que, por una parte, Corujo ha asegurado que los restaurantes del Castillo de San José y de la Casa Museo del Campesino abrirán sus puertas al público el próximo 25 de mayo, coincidiendo con la fase 2 del plan de desescalada establecido por el Gobierno, (siempre y cuando se cumplan los requisitos) pero, Perdomo prevé que los primero turistas no empezarán a llegar a la isla hasta el mes de julio.

“Abrir los restaurantes, que siempre han dejado pérdidas, sin tener certeza de ingresos, lo único que va a conseguir es empeorar la situación ya que tan solo va a acarrear un mayor aumento de los gastos: agua, luz y todo el género que no puedan sacar”, ha subrayado el consejero de CC-PNC.

De este modo, el representante nacionalista lanza de nuevo un mensaje para que la máxima dirigente insular recapacite y reconsidere su postura “por el bien de los trabajadores, por el bien de Lanzarote y por su propio bien”.

“No nos engañemos, la apertura de los restaurantes no va a arreglar absolutamente nada”, añade Samuel Martín, “no hay nada que se pueda hacer en los CACT que beneficie tanto como un ERTE. Ninguna de las acciones anunciadas, por muy bien que estuvieran, lo harán: ni el reparto a domicilio, ni abrir los restaurantes del Castillo de San José y del Monumento al Campesino, el 25 de mayo”.

El representante nacionalista ha recordado que la mano de CC-PNC sigue tendida, pero hace hincapié en que para poder navegar todos juntos y en una misma dirección, es preciso reconocer las equivocaciones y corregir determinadas acciones.

“Para que pueda haber entendimiento por parte de todos, todos tenemos que ceder y algo que nosotros entendemos que sería bueno, es que dejaran a un lado la testarudez con la que están tratando la gestión en los Centros Turísticos”, ha dicho.

Ha recalcado así Martín que “un ERTE garantiza el presente y el futuro de los centros y el empleo de la plantilla”.

Finalmente, el consejero de CC-PNC recomienda a la presidenta del Cabildo lanzaroteño tomar ejemplo de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que, como es sabido, ha presentado un ERTE que afectará a 973 de los 1.338 trabajadores de la empresa municipal que gestiona espacios tan conocidos como el zoo, el Parc Güell o el parque de atracciones del Tibidabo.

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Oramas asegura que el acuerdo “no es suficiente” pero sí es “un primer paso” para que el Estado atienda las singularidades canarias en el proceso de desescalada

Los nacionalistas señalan que el acuerdo evitará la pérdida de puestos de trabajo en el sector

Canarias a 6 de mayo de 2020.-

La diputada de CC-PNC en el Congreso de los Diputados, Ana Oramas, ha votado hoy a favor del estado de alarma después de que durante la madrugada se cerrara un acuerdo entre el Gobierno central y los nacionalistas que permitirá mantener los Ertes turísticos en Canarias hasta la apertura del mercado turístico internacional en las islas.

Para Oramas este acuerdo “no es suficiente pero sí supone un primer paso” en el reconocimiento por parte del Gobierno central de las singularidades canarias en el proceso de desescalada. “Se reconoce así que Canarias tiene unos problemas específicos que deben ser atendidos con soluciones diferentes a las del resto del Estado”, apuntó al tiempo que valoró la decisión del Ejecutivo de adaptar las medidas a la realidad de los distintos territorios.

Como ya había advertido la diputada de no haberse tenido en cuenta las singularidades del turismo en Canarias se hubiera abocado al sector “al despido masivo de trabajadores” ya que “sería imposible mantener los hoteles abiertos sin turistas que los llenen”. “De esta forma”, apuntó, “queda garantizado que esos Ertes se pueden prolongar “el tiempo que haga falta” tal y como se ha comprometido el Gobierno central lo que, sin duda, salvará miles de puestos de trabajo en las islas”; un avance que justifica el cambio de voto nacionalista que pasó de la abstención al sí a la prórroga del estado de alarma.

Por eso, la diputada, desde la tribuna, defendió este acuerdo “como un primer paso” al reconocimiento de las singularidades de Canarias en este proceso de desescalada y, sobre todo, un cambio de actitud sobre cómo se van a afrontar las soluciones a esos problemas específicos que tienen las islas y a la dura crisis económica y social a la que nos enfrentamos en el Archipiélago. Oramas destacó también el cambio de actitud del Gobierno central “que ha pasado de no querer negociar nada, de no abrir procesos de diálogo, a reconocer y atender las singularidades y los problemas específicos de Canarias” y el hecho de que “se abra un canal de diálogo es una buena noticia para todos pero sobre todo para las islas” porque “podremos ir encontrando soluciones a los distintos problemas que tiene que afrontar el Archipiélago en la vuelta a la normalidad”.

La diputada insistió en que este primera paso “debe tener continuidad” y señaló que la importancia de este acuerdo es que “se ha reconocido que Canarias tiene unos problemas específicos” y se ha manifestado la voluntad de “darles respuestas especificas” y ese es un primer paso “reconocer que existe un problema” para poder darle solución.

Los JNC se reúnen con los estudiantes de la ULL y ULPGC y demandan “soluciones excepcionales” para los problemas que se afronta este fin de curso Los Jóvenes Nacionalistas de Canarias mantienen un encuentro de trabajo con los consejos estudiantiles de ambas universidades La brecha digital, el sistema de becas, la educación ‘on line’  y la pérdida de oportunidades centraron el contenido de este encuentro

Canarias a 6 de mayo de 2020-

Los Jóvenes Nacionalistas de Canarias han mantenido en el día de ayer una reunión con los consejos de estudiantes de las dos universidades públicas canarias durante la que dialogaron acerca de cómo se está gestionando el final de curso en la enseñanza superior en esta situación del estado de alarma. Así, temas como la brecha digital, el acceso a las residencias para recuperar apuntes y libros o la preocupación por el futuro académico, centraron el contenido de un encuentro tras el que los JNC reclaman tanto a las dos universidades como al Gobierno de Canarias que sean capaces de poner en marcha soluciones excepcionales para una situación que también es excepcional. Para los JNC “el Gobierno de Canarias y las dos universidades” debe dar respuestas reales que “deben adaptarse a las distintas realidades que se encuentran los estudiantes” y no “amenazar” con soluciones “generales” que solo dan solución a un número determinado de alumnos.

“Se pide a los estudiantes que se adapten a estas circunstancias pero, sin embargo, ni el Gobierno ni las universidades son capaces de adaptarse a las distintas realidades de los alumnos”. El secretario general de los JNC, David Toledo, que estuvo acompañado por Jana González, diputada nacionalista, Verónica Meseguer, consejera del Cabildo de Tenerife  y secretaria insular de JNC de Tenerife y Bruno Ramírez y Eduardo Álvarez, integrantes de JNC de Lanzarote y Tenerife, respectivamente, valoró junto a los representantes de los consejos estudiantiles de las dos universidades públicas la preocupación por el impacto de la brecha digital que está limitando las oportunidades de muchos alumnos no solo por que durante este confinamiento se encuentren sin herramientas (tabletas, ordenadores) sino por problemas de acceso a internet, sobre todo en isla menores. Toledo destacó que los problemas de acceso a internet “son extremadamente preocupantes para muchos alumnos a los que se va a evaluar en un examen on line” sin las garantías “de acceso a señal o de que esa señal se mantenga durante todo el examen”. Así, los JNC respaldan la petición de los estudiantes de poder acudir a las residencias estudiantiles para recoger material (apuntes y libros principalmente) que necesitan para poder abordar las asignaturas y que tuvieron que dejar allí al inicio del confinamiento. “Un acceso que, coordinado por las universidades, puede tener todas las garantías sanitarias y facilitaría enormemente a muchos alumnos esta etapa final del curso”. Los jóvenes nacionalistas respaldaron también a los representantes de los consejos estudiantiles en su reclamación de una mayor atención psicológica a los alumnos ante la situación de estrés e inseguridad que genera esta situación; una realidad “que no puede ser ignorada o minusvalorada”.

Así, los JNC coinciden en que existe una preocupación real por el futuro y por la realidad de que muchos de ellos no van a poder afrontar el coste de las matrículas el año que viene debido a las dificultades económicas de las familias y, por ello, “es necesario que se garantice el acceso a la universidad con una rebaja de tasas y se refuerce la formación ‘on line’ que puede suponer la diferencia entre poder o no continuar con estudios universitarios para muchos alumnos”. En este sentido, los JNC también hacen suya la petición de los Consejos de Estudiantes con respecto al sistema de becas de tal forma que se suspendan los expedientes de devolución de becas que puedan darse en este curso y se modifiquen los requisitos de concesión de becas para el próximo curso. Así, los jóvenes nacionalistas proponen que la caída de la renta familiar sea tenida en cuenta y que los criterios académicos que se ponderen no sean solo los de este año sino que se tenga en cuanta toda la trayectoria en la enseñanza superior. Precisamente, la situación económica de las familias y cómo afectará esta al alumnado es una de las mayores preocupaciones trasladadas en la reunión sobre todo por cómo afectará al próximo curso en el que, por ejemplo, “en las residencias se pasará de dos alumnos por habitación a uno; lo que sin duda multiplicará el costo del alojamiento”. “Ello tendrá, sin duda”, señaló Toledo, “un mayor impacto para los jóvenes de las islas no capitalinas que corren el riesgo de perder oportunidades”. Lo mismo ocurre en el caso de estudiantes que compaginaban su tiempo académico con actividades que les permitían afrontar sus gastos y reducir su carga sobre las familias; cuidando menores o dando clases particulares, por ejemplo. “Son actividades que ya no pueden ejercer y que, además, no pueden justificar por lo que es necesario que se establezcan ayudas que permitan a esos jóvenes mantener su matrícula y hacer frente a los gastos del curso”. “La realidad de las becas debe también adaptarse a la realidad impuesta por la pandemia; no puede pretenderse que nada ha cambiado y las universidades deberían activar cuanto antes mecanismos que les garanticen que van a seguir contando con alumnos”. Finalmente, los JNC rechazaron las exigencias de algunos profesores de mantener videovigilancia durante clases o exámenes on line “una medida que atenta contra la Ley Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales” por lo que debería haber un pronunciamiento claro en contra por parte de las dos universidades.