Disa Maneje

CC-PNC-SB espera que el PP apoye la convocatoria extraordi-naria y urgente del Consejo de Administración de los CACT, para recurrir el archivo de la causa contra Espino

Los nacionalistas se personaron recientemente como acusación popu-lar, sin que el juez haya resuelto aún su aceptación o no, y anuncian que, a expensas de dicha resolución, “nos reservamos cuantas accio-nes legales estén a nuestro alcance para preservar las garantías pro-cesales, en defensa del interés general que perseguía aquella denun-cia del Consejo de Administración presidido por Astrid Pérez”

 

Lanzarote, 1 de diciembre de 2019.- El Grupo político Nacionalista en el Cabildo de Lanzarote mantiene la esperanza de que el Partido Popular (PP), que lideró la denuncia en el Consejo de Administración de los Centros Turísticos contra el ex secretario general del PSOE, Carlos Espino, mantenga la coherencia y se sume a CC-PNC-SB en la solicitud de convocatoria extraordinaria y urgente de dicho Consejo de Administración, para que se acuerde recurrir el archivo de la causa.

Espino está acusado de la comisión de delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de fondos públicos, por su gestión al fren-te de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, pero diez años después de la imputación, el nuevo juez ha decidido archivar la querella sin ni siquiera dar oportunidad a las partes (fundamentalmente los CACT y una eventual acusación popular, o la propia fiscalía) de formular escrito de acusación.

Tal y como explican los nacionalistas, “si tenemos en cuenta que la presidenta del Consejo de Administración de los CACT, es decir, el ente denunciante, que no es otra que la presidenta del Cabildo, Mª Dolores Corujo, nombró Jefe de su Gabinete al principal denunciado, no existían garantías procesales de que los CACT fuesen a formular acusación de haberlo pedido el juez, ni tampoco las hay ahora de que se vaya a recurrir el archivo de la querella, que en su día aprobó pre-sentar dicho Consejo de Administración de forma colegiada”.

Ante esta situación, el Grupo político Nacionalista en el Cabildo de Lanzarote decidió personarse recientemente como acusación popular, sin que el juez haya resuelto aún su aceptación o no, y anuncia que,

a expensas de dicha resolución, “nos reservamos cuantas acciones legales estén a nuestro alcance para preservar las garantías procesa-les, en defensa del interés general que perseguía aquella decisión del Consejo de Administración”.

Una decisión que derivó en la denuncia que se formuló en su día por-que los representantes de CC y PP en el citado órgano, presidido entonces por Astrid Pérez, consideraron lo que a juicio del Grupo Nacionalista ha quedado acreditado en la fase de instrucción desde el res-peto al auto judicial que en absoluto compartimos”.

Esto es, en primer lugar y entre otras cosas, que el gasto de casi un millón de euros en tres empresas del mismo administrador (suministradoras de equipos y montaje de cocinas) no tenía cobertura legal o, lo que es lo mismo, no han podido demostrar que la tuviera por im-posible, “sencillamente porque se saltaron todos los procedimientos”.

En segundo lugar, que Carlos Espino fue expresamente advertido de este hecho, según testificaron en sede judicial varios altos dirigentes de la empresa.

Y, en tercer lugar, que existen peritajes judiciales, no de la acusa-ción, que corroboran el pago a estas tres empresas de importantes sobrecostes cercanos a los 200.000 euros, sobre los precios de mercado.