sábado, 11 mayo 2024

El Grupo Nacionalista exige que se formalicen los trámites necesarios para que las 70 viviendas del ISM en Valterra pasen a manos de sus legítimos propietario

 

CC-PNC-SB asegura que tanto PSOE como PP han engañado a estos vecinos anunciando cesiones inexistentes en plena campaña electoral

 

Arrecife, 28 de noviembre de 2019.- El Grupo Nacionalista (CC-PNC-SB) en el Ayuntamiento de Arrecife, insta al Consistorio capitalino a que se realicen los trámites que sean necesarios para que las 70 viviendas del Instituto Social de la Marina en el barrio de Valterra puedan pasar de una vez por todas a manos de sus legítimos propietarios.

Así lo exigen los nacionalistas, a través de una moción que se debatirá mañana viernes 29 de noviembre en el pleno de la Corporación.

“Estos vecinos viven en una vivienda que aún hoy es titularidad del ISM, dependiente del gobierno de España, lo cual no tiene ningún sentido. A pesar de haber cumplido con el convenio y haber completado el pago pactado, han pasado los años y no se han formalizado los trámites para la cesión definitiva”, ha subrayado el portavoz de CC-PNC-SB, Echedey Eugenio.

¿De quién es la culpa? Los nacionalistas lo tienen claro. En plena campaña electoral de las pasadas elecciones locales y generales, el PSOE anunció un acuerdo con el Instituto social de la Marina para que las 70 viviendas fuesen cedidas al Ayuntamiento de manera gratuita. Mediante ese acuerdo, el Consistorio debía encargarse de adjudicar las viviendas a los propietarios correspondientes.

“La realidad es que dicha cesión no se formalizó más allá de un paripé con foto preelectoral de un documento de ninguna validez legal y que no era más que una mera declaración de intenciones futuras”, señala Eugenio.

La situación se agrava cuando ahora, según denuncian los nacionalistas, el Partido Popular, que estando en la oposición exigió soluciones, se desmarca de los vecinos afirmando que ni existe tal

cesión ni está dispuesta a realizar los trámites para que el Ayuntamiento pueda recibir las viviendas.

Las familias afectadas se quedan así sin ningún tipo de alternativa ni de colaboración por parte de quienes dirigen la Corporación municipal.

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