El ecopuerto de La Graciosa: un proyecto para equilibrar el desarrollo turístico y la protección de la isla
PJ
El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, anunció que para finales de este año se espera tener listo el proyecto de un ambicioso ecopuerto en la isla, marcando un hito en la transición hacia una infraestructura portuaria más sostenible en el archipiélago. La iniciativa ha sido recibida con entusiasmo por Cristina Calero, parlamentaria lanzaroteña del Grupo Nacionalista Canario, quien destacó la importancia de este proyecto no solo como un avance hacia la sostenibilidad ambiental, sino también como un elemento clave en la preservación de la identidad y el patrimonio natural de La Graciosa.
El proyecto del ecopuerto en Caleta de Sebo, parte de la Red de Puertos Canarios, se centra en incorporar prácticas sostenibles y tecnologías limpias para minimizar el impacto ambiental del puerto, al tiempo que se mejora su eficiencia y se promueve la participación social en su diseño y operación. Entre las medidas propuestas se incluyen el uso de energías renovables, la mejora de la gestión de residuos y la reducción de la contaminación acústica y atmosférica, lo que refleja un compromiso con la sostenibilidad y la economía azul.
El consejero Rodríguez destacó la relevancia de la participación comunitaria, en especial de los pescadores locales, en la planificación del proyecto, subrayando el objetivo de que el puerto sirva como modelo de consenso social y sostenibilidad dentro y fuera de Canarias. Además, la transformación del puerto de La Graciosa en un ecopuerto es vista como una oportunidad para reforzar el papel de la isla como un referente en sostenibilidad a nivel europeo.
La decisión de avanzar hacia la creación de un ecopuerto responde a la necesidad de adaptar la infraestructura portuaria a las crecientes demandas de tráfico, especialmente turístico, al mismo tiempo que se preservan los valores naturales y culturales únicos de La Graciosa. Este proyecto representa un paso adelante en la conciliación entre el desarrollo económico y la protección ambiental, ofreciendo un ejemplo de cómo las comunidades insulares pueden liderar en la transición hacia un futuro más verde.