El Cabildo continuará el proceso judicial contra la instalación de un parque eólico en Las Caletas
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El Cabildo de Lanzarote ha ratificado la interposición de un contencioso judicial en contra de la instalación del parque eólico Vista Mar en la zona de Las Caletas, en Costa Teguise.
En el último Pleno extraordinario celebrado este martes, 5 de septiembre, la Corporación acordó de manera unánime esta decisión, ante el impacto negativo que la localización de estas instalaciones podrían suponer para el paisaje de la Isla y buscando velar por los intereses de la población y por el equilibrio entre el respeto del entorno y el desarrollo de las energías renovables.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, defendió la necesidad de seguir con este pleito judicial dado que el futuro emplazamiento del parque ocuparía un espacio de irremplazable valor paisajístico y natural para Lanzarote. Betancort resaltó además que esta infraestructura corresponde a un proyecto empresarial privado, “que tan solo aspira, como corresponde, a dar respuesta a un interés particular”.
Por su parte, el consejero de Ordenación del Territorio, Jesús Machín Tavío, señaló que este procedimiento, que comenzó con el anterior grupo de Gobierno, se debe llevar a cabo pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha fallado recientemente en contra del Cabildo de Fuerteventura, que recurrió los permisos para dos parques eólicos.
“La implementación de este parque eólico dañará nuestro entorno y la manera adecuada para la proliferación de las energías limpias no es esta, sino integrando de manera armónica en el paisaje del territorio este tipo de infraestructuras. Además, estas deben ser proporcionales y siempre que sea posible de carácter público”, añadió el consejero.
El proyecto se emplazaría entre la Circunvalación de Arrecife y Costa Teguise, a algo más de 300 metros de distancia de la LZ-18. En septiembre de 2021, el Gobierno de Canarias declaró de interés general las obras necesarias para el parque eólico, con una inversión de más de siete millones de euros y que ya contaban con declaración de impacto ambiental desde diciembre del año anterior.