La Consejería de Energía señala el "silencio incomprensible" de Ángel Víctor Torres frente al recorte de inversiones
Alberto Hernández, director general de Energía del ejecutivo autonómico
Pejeverde
El pulso entre el Gobierno de Canarias y el Estado sube de decibelios. La Consejería de Transición Ecológica y Energía ha elevado una protesta formal tras la exclusión de las islas en el reciente Real Decreto 7/2026. Según el Ejecutivo autonómico, la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no prorrogar los plazos de ejecución de los fondos energéticos extraordinarios sitúa en una situación crítica a proyectos que suman 100 megavatios de potencia renovable y una inversión superior a los 200 millones de euros.
El agravio técnico: la excepción del IDAE
El núcleo de la denuncia, articulado por el director general de Energía, Alberto Hernández, se centra en una clara disparidad de criterios. Canarias sostiene que el Ministerio para la Transición Ecológica ya ha aplicado prórrogas similares para el Instituto para la Diversificación del Ahorro y la Energía (IDAE) en proyectos de geotermia, pero se las niega a las comunidades autónomas.
"No se ha solicitado nada que el Gobierno no haya hecho ya para sí mismo", subraya Hernández. La propuesta técnica remitida por las islas buscaba ampliar los plazos de los fondos Next Generation, permitiendo que proyectos ya adjudicados no se vean obligados a devolver las ayudas por la rigidez de unos hitos temporales que ignoran las dificultades estructurales de los territorios insulares.
El papel de Ángel Víctor Torres
La pieza política clave de este conflicto es el silencio del ministro y expresidente canario, Ángel Víctor Torres. Desde la Consejería que lidera Mariano Hernández Zapata, califican de "incomprensible" que el ministro no haya defendido la incorporación de estas medidas en el Consejo de Ministros, conociendo de primera mano los obstáculos que afronta Canarias para ejecutar proyectos de gran escala en plazos tan ajustados.
Un freno a la soberanía energética
En un contexto de inestabilidad en Oriente Próximo, la pérdida de estos 200 millones supone un retroceso estratégico para la descarbonización del Archipiélago. El Gobierno de Canarias reclama ahora una rectificación urgente del Real Decreto para evitar que las islas queden en una situación de desventaja irreversible en su transición energética.