¿Destino Kenia o Brasil? El primer billete que paga el lanzaroteño es a Gran Canaria por culpa del Ministerio de Sanidad

Pejeverde

 

La desconexión del Gobierno de España con la realidad de las islas no capitalinas ha alcanzado un nuevo y preocupante nivel de discriminación institucional. La presidenta del Partido Popular de Lanzarote y La Graciosa, Astrid Pérez, ha alzado la voz contra un agravio que vulnera frontalmente el principio de igualdad: la exclusión de ambas islas del sistema efectivo de Sanidad Exterior.

El muro burocrático del Ministerio de Sanidad

La denuncia se fundamenta en una realidad incontestable que emana directamente de Madrid. El sistema de cita previa del Ministerio de Sanidad ni siquiera contempla a Lanzarote como una opción para la vacunación internacional. Según ha explicado Pérez, cuando un ciudadano intenta gestionar su salud para viajar a destinos internacionales, la web oficial del Estado asume de partida que el residente debe abandonar su isla y desplazarse obligatoriamente a Gran Canaria.

Esta omisión por parte del Gobierno central no es un error informático, sino una muestra del castigo sistemático a los ciudadanos de las islas no capitalinas. "El Estado asume que los ciudadanos de estas islas deben desplazarse para recibir un servicio básico", denunció la presidenta insular, señalando directamente al Ejecutivo central como el responsable de este desprecio administrativo.

Triple insularidad y perjuicio económico

La inacción del Gobierno de Sánchez tiene consecuencias directas en el bolsillo y el tiempo de los lanzaroteños y gracioseros:

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  Pérdida de jornadas laborales: Los residentes se ven obligados a perder días de trabajo para realizar un trámite que debería resolverse en su propia isla.

   

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  Sobrecoste económico: El Estado impone a los ciudadanos el coste del traslado a Las Palmas de Gran Canaria, agravando la situación de quienes ya soportan la triple insularidad en La Graciosa.

   

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  Discriminación poblacional: Resulta inaceptable para el PP que una isla con casi 170.000 habitantes y una actividad turística de primer orden sea ignorada por el Ministerio, mientras el servicio se presta con normalidad en las islas capitalinas.

   

   

 

 

Exigencia de rectificación inmediata

Ante lo que se considera un "retroceso" deliberado en la prestación de servicios públicos, Astrid Pérez ha anunciado que el Partido Popular no permitirá que este atropello se consolide. La formación exigirá al Gobierno de Sánchez una rectificación inmediata para que se dote a la isla de los recursos humanos y materiales necesarios.

Lanzarote y La Graciosa no reclaman privilegios, sino el fin de una política estatal que trata a sus habitantes como ciudadanos de segunda clase. La Sanidad Exterior es una competencia estatal y, por tanto, el Ejecutivo central es el único culpable de que un lanzaroteño tenga que cruzar el mar para recibir una vacuna que por derecho le corresponde en su lugar de residencia.