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Seguridad jurídica: Cabildo y Yaiza frenan un proyecto hotelero y exigen respeto al plan vigente

Foto aérea de Playa Blanca. Elpejeverde.com

Pejeverde

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote ha denegado la autorización turística a un proyecto hotelero en Playa Blanca. La decisión se apoya en el informe desfavorable y vinculante del Ayuntamiento de Yaiza, que fija que el suelo afectado es de uso residencial unifamiliar y no turístico.

El expediente, tramitado por el Departamento de Ordenación Turística, recoge que las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del Tribunal Supremo anularon parcialmente el Plan General Supletorio de Yaiza en la franja litoral. Con esa anulación se reactiva el plan parcial “Montaña Roja” (1979), que permite viviendas unifamiliares o bungalows, pero no hoteles. Con ese marco, Yaiza informó en contra y el Cabildo tuvo que rechazar la actividad.

El presidente, Oswaldo Betancort, defendió la resolución: “La Institución insular está comprometida con la seguridad jurídica y con un modelo territorial responsable”. Añadió que la cuestión no es “estar a favor o en contra de proyectos concretos”, sino asegurar que cualquier desarrollo respete la normativa, el planeamiento vigente y la capacidad de carga del territorio. “Lanzarote debe crecer con orden, con transparencia y con respeto a nuestro entorno”, subrayó. Según Betancort, decisiones así “permiten actuar con reglas claras, evitando situaciones irregulares que en el pasado han generado conflictos legales y problemas urbanísticos”.

El consejero de Política Territorial, Jesús Machín, recordó que el informe municipal es vinculante en virtud de la normativa turística y de actividades clasificadas. “Este suelo está ordenado para viviendas unifamiliares y no para uso hotelero, y así lo han confirmado tanto el planeamiento como las sentencias judiciales. Nuestra responsabilidad es velar por el cumplimiento del territorio y evitar desarrollos que no se ajusten a la ley”, dijo.

Machín situó la decisión en una línea de trabajo más amplia: actualización de instrumentos de planeamiento —PIOT y planes especiales de espacios naturales— para dar “claridad, seguridad y equilibrio” entre desarrollo y protección ambiental.

La consecuencia inmediata es clara: el hotel proyectado no podrá tramitar autorización turística en ese ámbito mientras rija el ordenamiento vigente. El promotor, si lo desea, solo podría amoldarse a los usos permitidos o esperar a un cambio normativo que hoy no está aprobado.

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