Abrir la vida privada es perder el derecho a mandar

Director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya y Yone Caraballo el pasado viernes 

S. Calleja

Existen límites que son fundamentales en cualquier debate parlamentario y lamentablemente fueron traspasados de manera vergonzosa el viernes pasado. No se trató de un malentendido puntual ni de un comentario desafortunado aislado, sino de una decisión deliberada de utilizar información personal en un contexto inapropiado. El director del SCS, Adasat Goya, abrió la puerta a esta dinámica con una declaración reveladora: "me parece recordar que usted ocupaba un cargo de gestión y sus colegas lo critican por haber dejado ese puesto". Ante la solicitud del diputado de corregir la información incorrecta, el deber ético era rectificar. En lugar de eso, el responsable de Sanidad continuó profundizando: "según tengo entendido, usted se ausentó por motivos de salud, específicamente por asma". En este punto, la discusión política quedó invalidada al hacer referencia directa a la salud de una persona en un contexto parlamentario, un ámbito que debería mantenerse al margen por respeto a todos, independientemente de las circunstancias. El presidente de la comisión tuvo que recordar lo básico y universalmente conocido: "existe una norma no escrita, llamada altura política, que dicta que los asuntos personales se mantienen en privado".

Caraballo respondió desde la esfera íntima que se ve afectada cuando es vulnerada: "actualmente estoy recibiendo ayuda psicológica debido a los traumas que he sufrido durante la pandemia"; "en enero de 2021, vestía un pijama blanco en el área de triaje, dentro de una carpa donde las cucarachas se paseaban y donde llegaba una ambulancia cada cinco minutos". Estas no son meras palabras, sino recuerdos de experiencias reales. Es necesario reiterar lo evidente para aquellos que se resisten a comprenderlo: la política se trata de cifras, plazos, contratos, listas de espera y soluciones, no de escarbar en la vida privada de un oponente para desviar la atención de cifras negativas. La excusa común de "solo estoy repitiendo lo que escuché" no justifica el comportamiento. Un funcionario de alto rango que no distingue entre lo aceptable y lo inaceptable no es un líder político astuto; representa un riesgo para la salud de la democracia. También es frecuente escuchar el argumento del "interés público". El verdadero interés público radica en explicar el crecimiento de las listas de espera, la escasez de personal en Atención Primaria y la continua necesidad de solicitar derivaciones para la isla. El interés público no incluye exponer la vida personal de nadie, ya sea un diputado o cualquier otra persona, con el fin de obtener ventaja en un debate público. Eso no es política, sino un comportamiento despreciable.

Me imagino en la situación de Caraballo y habría reaccionado de la misma manera: con indignación y marcando límites. Cuando la esfera íntima es violada públicamente, no se debate, se defiende. Esta defensa no solo es en beneficio propio, sino que también protege la norma que podría ser la salvación del adversario en el futuro. Es crucial afirmar con firmeza: hoy atacan a Caraballo, mañana podrían atacar a cualquier otro que represente un obstáculo para ellos. Si permitimos que esta conducta se normalice, se abrirán expedientes personales sin ningún reparo, convirtiendo cada sesión en un espectáculo de vidas privadas expuestas. ¿Es ese el ejemplo que queremos transmitir a aquellos que aún confían en la política como un servicio público? ¿Es este el mensaje que queremos enviar a los profesionales de la sanidad que se esfuerzan en la isla mientras otros utilizan la enfermedad ajena como arma arrojadiza en su guerra cultural? Un director del SCS tiene la responsabilidad de mantener la integridad cuando la discusión se intensifica, no de destruir la barrera de la privacidad. A partir de ese punto, la solución es tan evidente como la línea ética que fue cruzada.