El curso medioambiental termina con una magistrada explicando cómo se castiga al infractor

Pejeverde

Noventa profesionales, tres días de trabajo y una idea clara: si no se entiende cómo se contamina, no se puede impedir que vuelva a ocurrir. El Cabildo de Lanzarote ha cerrado este miércoles el curso “Delitos Medioambientales en Lanzarote y La Graciosa”, centrado en analizar casos reales para mejorar la respuesta de los agentes implicados en la protección del territorio.

La formación, impulsada por el consejero de Medio Ambiente, Samuel Martín, reunió a policías locales, agentes ambientales, personal técnico y miembros de la Policía Canaria. El formato, basado en casos prácticos, ha sido el eje del curso. Martín lo explicó con claridad durante el acto de clausura: “La teoría sirve, pero sin aplicación real se queda coja. Los casos reales obligan a pensar, decidir y actuar”.

Durante las jornadas, se repasaron situaciones concretas de agresiones al entorno. No se trató de simples charlas: intervinieron ponentes de nivel, entre ellos el fiscal de Sala Coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, y otros perfiles clave como policías, técnicos forestales y una magistrada de Arrecife, Silvia Muñoz, que expuso cómo se tramita un delito medioambiental desde el juzgado.

La idea es clara: Lanzarote y La Graciosa necesitan profesionales bien formados para hacer frente a los delitos que afectan al territorio. Las playas, los suelos protegidos y los espacios naturales no se cuidan solos, y cuando hay daños, no basta con la indignación. Hace falta técnica, legislación y reflejos operativos. Este curso ha querido reforzar justo eso.

El Cabildo da por cumplido el objetivo. Ahora falta ver si los conocimientos adquiridos se aplican en campo. Porque la realidad, a veces, no viene con manual.