Suelo rústico blindado: del Cabildo a los municipios, veto en cadena

Pejeverde

El consejero de Política Territorial, Jesús Machín, abrió esta semana un frente inédito contra las excursiones en buggy: “Tenemos herramientas jurídicas urbanísticas para prohibir su paso por suelo rústico, por todos los caminos de ganaderos y agricultores”, avisó, subrayando que la medida persigue “regular, no prohibir” y permitir el tránsito solo por asfalto. En la práctica, el Cabildo perfila un decreto que blindaría las pistas de tierra antes incluso de que nazca el nuevo Plan Insular de Ordenación.

Mientras la institución insular afina su estrategia, varios ayuntamientos ya han colocado el cartel de “prohibido” a pie de camino. Tías implantó en junio de 2024 trece señales que vetan quads y buggies en sus veredas rurales, tras modificar su ordenanza de circulación En Yaiza rige desde 2017 una normativa que impide el uso “común general” de estos vehículos; colectivos vecinales reclaman que se cumpla con más rigor.

 

San Bartolomé fue pionero: aprobó en 2018 una ordenanza que protege los caminos agrícolas del tránsito de buggies y motos de campo. Y Teguise tiene su propio reglamento en fase final: su concejal de Seguridad confirma que la nueva ordenanza “verá la luz en breve” y que incluirá sanciones específicas.

 

El panorama coloca a la media docena de empresas de alquiler frente a un callejón cada vez más estrecho. Los defensores del veto sostienen que estos vehículos erosionan los firmes, levantan polvo sobre los cultivos y multiplican el ruido en zonas de alto valor paisajístico; los operadores, por su parte, alegan que sus rutas ya evitan áreas sensibles y ofrecen empleo en el sector turístico. Con tres municipios aplicando prohibiciones firmes y un cuarto a punto de sumarse, el futuro del off-road insular parece abocado a una reconversión: o asfalto o adiós a la arena.