Arrecife marca el camino: medidas afectivas contra la "okupación" bajo liderazgo local
Opinión.Jacobo Medina, consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa
Desde 2018, España se enfrenta una crisis sin precedentes en el ámbito de la ocupación ilegal de viviendas, un fenómeno que ha ido en aumento desde que Pedro Sánchez asumió el poder. Bajo la administración del PSOE, apoyada por Podemos y Sumar, se ha generado una percepción de inseguridad y descontrol entre miles de ciudadanos, quienes ven cómo las leyes actuales parecen favorecer más a los okupas que a los propietarios legítimos.
Las cifras son alarmantes: más de 4.000 viviendas han sido ocupadas en Canarias desde 2018, lo que representa un aumento del 76% comparado con los siete años anteriores bajo el gobierno del Partido Popular. Solo en 2024, las Islas Canarias registraron 663 casos de ocupaciones, equivalentes a 55 viviendas mensuales, o una cada 13 horas.
La ocupación ha evolucionado de ser un fenómeno aislado a convertirse en una actividad organizada donde redes criminales alquilan ilegalmente propiedades ocupadas, expulsan a los propietarios y aprovechan situaciones vulnerables como el ingreso hospitalario de ancianos para apoderarse de sus hogares. A pesar de esto, las respuestas del gobierno han sido insuficientes, y los procesos judiciales y policiales se ven obstaculizados por un marco legal que parece proteger a los infractores más que a las víctimas.
En respuesta a esta parálisis, el Partido Popular propuso hace más de un año una Ley Antiocupación que permitiría el desalojo en 24 horas y establecería penas más severas para los okupas, además de prohibir su empadronamiento en propiedades ocupadas. Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado un fuerte bloqueo en el Congreso, donde el PSOE y Sumar mantienen control, lo que indica una falta de voluntad política para resolver el problema.
Mientras tanto, en localidades como Tacoronte, La Laguna o Santa Cruz de Tenerife, los ciudadanos han empezado a organizarse formando brigadas para prevenir nuevas ocupaciones. La confianza en las instituciones se ha deteriorado significativamente, dejando a muchos sintiéndose indefensos.
No obstante, hay ejemplos positivos como en Arrecife, donde el alcalde Yonathan de León ha implementado medidas firmes contra la okupación, demostrando que las soluciones existen y que la voluntad política es fundamental para implementarlas eficazmente.
La situación actual no es solo un problema de vivienda, sino un claro problema de delincuencia que requiere una respuesta firme y urgente. Las familias españolas necesitan que su gobierno defienda la propiedad privada y la seguridad pública de manera decidida y sin ambigüedades.