Canal Gestión Lanzarote acumula una deuda de 147 millones de euros y podría ser vendida
S.Calleja
El Canal de Isabel II, la principal empresa pública de la Comunidad de Madrid, ha decidido poner en venta todas sus filiales en España y América Latina, incluyendo su participación en Canal Gestión Lanzarote. Esta medida se enmarca en un proceso de "desinversión" destinado a reestructurar el grupo tras años de pérdidas millonarias. El consejero delegado de la compañía, Mariano González Sáez, anunció esta iniciativa durante la última comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, destacando la necesidad de analizar si es más conveniente agrupar los distintos activos o venderlos por separado.
La situación financiera de Canal Gestión Lanzarote es particularmente preocupante. A finales del año pasado, la filial presentaba una deuda de 147 millones de euros debido a un préstamo no abonado, además de acumular pérdidas por valor de 64 millones de euros. Esta delicada situación ha llevado a la empresa matriz a considerar seriamente la venta de su participación en la isla. González Sáez señaló que, aunque no existe un interés manifiesto por parte de terceros, están abiertos a estudiar cualquier propuesta que se ajuste a los parámetros económicos establecidos.
La decisión de desinvertir en Lanzarote ha generado diversas reacciones en el ámbito político y social. El diputado Alejandro Sánchez, de Más Madrid, cuestionó los planes del Canal de Isabel II respecto a sus filiales y subrayó las pérdidas acumuladas, que superan los 200 millones de euros sin contar las deudas no asumidas. Sánchez enfatizó que la situación en Lanzarote es "solo la punta del iceberg", sugiriendo que los problemas financieros podrían ser más profundos y extendidos.
Además de los desafíos económicos, Canal Gestión Lanzarote enfrenta complicaciones legales. Recientemente, la Agencia EFE informó que la empresa solicitó la ejecución de una sentencia que ordena revisar la adjudicación de su contrato con el Consorcio Insular del Agua, lo que podría derivar en la anulación del mismo. Aunque la compañía desmintió esta información, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó que dicha solicitud ha sido presentada, añadiendo incertidumbre al futuro de la filial en la isla.
La crisis en las filiales coincide con el reciente anuncio del Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre un incremento en las tarifas del agua, que llevaban una década congeladas. Esta subida, que supondrá aproximadamente 50 céntimos mensuales por hogar, se justifica por la necesidad de adaptar el servicio al crecimiento poblacional, con una inversión prevista de 2.000 millones de euros. Sin embargo, esta medida ha sido objeto de críticas, especialmente en regiones como Lanzarote, donde la gestión del agua enfrenta serios desafíos financieros y legales.