Caso Romina,el TSJC recuerda que se trata de un proceso por homicidio en el que no se ha encontrado el cadáver, lo que ha complicado y dilatado la instrucción.

El presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya
Valdés, magistrado comisionado por la Sala de Gobierno del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias (TSJC) para investigar las posibles
disfunciones que podrían haber concurrido en la instrucción por la
muerte de Romina Celeste, ha concluido que, durante los cuatro años
que ha durado el proceso, la causa “en ningún momento ha estado
paralizada”, sino que, por el contrario, el dictado de resoluciones por

parte de la magistrada y las dos juezas sustitutas que estuvieron en
ese periodo al frente del Juzgado de Instrucción n.º 1 de Arrecife “ha
sido prácticamente continuo”.
El instructor de las diligencias informativas incoadas de oficio por la
Sala de Gobierno ha concluido, tras dos jornadas de la semana
pasada examinando minuciosamente el procedimiento en los
juzgados de Arrecife de Lanzarote, que no existe “indicio alguno” de
que ninguna de las tres instructoras que actuaron en la causa a lo
largo de estos cuatro años “pudiese haber incurrido en algún tipo de
responsabilidad”.

Como estaba previsto, Moya Valdés ha presentado hoy viernes su
informe sobre el caso Romina, de carácter reservado, ante la Sala de
Gobierno, de la que es miembro nato. Desde este órgano se apunta
que, a la vista de contenido del documento, se constata que se trata
“de un asunto muy complejo que se sigue por delito de homicidio sin
que exista el cadáver”, lo que ha exigido la práctica de numerosas
pruebas, entre ellas las periciales, algunas imprescindibles para la
buena instrucción de la causa y que, al tratarse de actuaciones de
investigación, pertenecen al ámbito jurisdiccional, por lo que la Sala
de Gobierno no puede pronunciarse sobre su pertinencia o utilidad.
El órgano de gobierno de los jueces de Canarias expone que, no
obstante, en la investigación por la muerte de Romina Celeste sí “se
observa alguna anomalía en la excesiva duración de la elaboración de
algunos informes periciales, a pesar de su extrema complejidad y
que, en casos como el presente de causa con preso, se debería
evitar”.

La Sala de Gobierno anuncia que, “lamentando profundamente lo
acontecido”, para coadyuvar a que en el futuro la instrucción dure “lo
menos posible”, se dirigirá a la Dirección General de Relaciones con la
Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para interesar
que “se dote de los medios necesarios al Instituto de Medicina Legal
de Las Palmas, cuyo informe, complejo, desde luego, se ha dilatado
más de dos años”, así como al Servicio de Modernización de dicha
Dirección General, responsable del sistema de gestión procesal, para
que, en todos los documentos judiciales en los que proceda, conste y
se destaque de manera visible la mención “causa con preso”, y ello a
fin de que no exista duda acerca del carácter preferente en su
tramitación.

Se informa, por último, de que el encausado en este procedimiento,
actualmente en libertad a la espera de juicio y sometido a medidas
cautelares (se le ha retirado el pasaporte con imposibilidad de
expedición de uno nuevo, tiene prohibido salir del país y debe
presentarse todos los lunes a firmar en el juzgado donde tiene
establecida su residencia), está cumpliendo hasta el momento con
todas las obligaciones que se le han impuesto.