SEPRONA DENUNCIA PENALMENTE A DOS EMPRESAS Y SEIS PERSONAS POR LA EXTRACCIÓN DE JABLE EN SUELO PROTEGIDO
El Destacamento del SEPRONA de Timanfaya,
Lanzarote, ha procedido a la investigación de dos empresas y seis personas, por
un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Además, también se
procedió a levantar acta de denuncia a 23 personas y 13 empresas que fueron ser
sorprendidas por la Guardia Civil realizando extracción de áridos.
En las primeras actuaciones policiales, los hechos fueron puestos en
conocimiento, por la Guardia Civil, ante la Agencia Natural de Protección del
Medio Rural de Canarias, al objeto de solicitar información sobre las
autorizaciones para extracción de áridos de estas tres personas.
Estas extracciones, repetitivas a lo largo de año 2020 y 2021 estaban a la espera
de respuesta sobre la catalogación del suelo, tratándose finalmente de un suelo
rústico de protección paisajística y se concluye que están expresamente
prohibidas las actividades extractivas, no siendo compatibles con el planeamiento
vigente.
Una de las parcela donde se produjo la extracción de jable, se encuentra situada
dentro de la Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) ES0000040 Islotes
del Norte y Famara, perteneciente a la RED NATURA 2000, figura de protección
europea, hábitat de la hubara canaria (Chlamydotis undulata), ave que se
encuentra en peligro de extinción.
Según el código penal estos hechos son constitutivos de delito cuando
contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del
medio ambiente, realice directa o indirectamente extracciones o excavaciones en
el suelo, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños
sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.
Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una
pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
Además se da la circunstancia de que algunos de los investigados también han
sido denunciados administrativamente por realizar extracciones de áridos sin las
autorizaciones preceptivas en suelo minero.
un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Además, también se
procedió a levantar acta de denuncia a 23 personas y 13 empresas que fueron ser
sorprendidas por la Guardia Civil realizando extracción de áridos.
En las primeras actuaciones policiales, los hechos fueron puestos en
conocimiento, por la Guardia Civil, ante la Agencia Natural de Protección del
Medio Rural de Canarias, al objeto de solicitar información sobre las
autorizaciones para extracción de áridos de estas tres personas.
Estas extracciones, repetitivas a lo largo de año 2020 y 2021 estaban a la espera
de respuesta sobre la catalogación del suelo, tratándose finalmente de un suelo
rústico de protección paisajística y se concluye que están expresamente
prohibidas las actividades extractivas, no siendo compatibles con el planeamiento
vigente.
Una de las parcela donde se produjo la extracción de jable, se encuentra situada
dentro de la Zona de Especial Protección para la Aves (ZEPA) ES0000040 Islotes
del Norte y Famara, perteneciente a la RED NATURA 2000, figura de protección
europea, hábitat de la hubara canaria (Chlamydotis undulata), ave que se
encuentra en peligro de extinción.
Según el código penal estos hechos son constitutivos de delito cuando
contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del
medio ambiente, realice directa o indirectamente extracciones o excavaciones en
el suelo, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños
sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.
Si las anteriores conductas, por sí mismas o conjuntamente con otras, pudieran
perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, se impondrá una
pena de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a veinticuatro meses e
inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.
Además se da la circunstancia de que algunos de los investigados también han
sido denunciados administrativamente por realizar extracciones de áridos sin las
autorizaciones preceptivas en suelo minero.
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