La Guardia Civil investiga a 21 Autoescuelas y 38 personas por fraudes en los cursos para la obtención del permiso de conducción
El Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de
Tráfico, GIAT, del Subsector de Tráfico de Las Palmas, con la colaboración de la
Jefatura de Tráfico de la misma provincia, ha procedido a la investigación de
dieciséis directivos y profesores de distintas autoescuelas y a un total de 22
alumnos que habían obtenido el permiso de conducción de la clase “A” sin hacer
los cursos correspondientes.
En el transcurso de la investigación, desarrollada entre los años 2019 y 2020,
también se pudo detectar una autoescuela en Fuerteventura que expedía, sin
cumplir los requisitos legales, certificados que acreditan para la conducción de
vehículos de transporte de materias peligrosas, siendo investigados por estos
hechos el titular y la directora del centro.
La investigación comenzó a mediados del año 2018, al tenerse informaciones en
la Guardia Civil que indicaban que de forma significativa, alumnos matriculados
en algunas autoescuelas para realizar el curso progresivo para la obtención del
permiso de conducción de la clase “A”, el cual habilita a conducir motocicletas de
más de 125 cc sin límite de potencia, obtenían el citado carnet sin realizar o
completar las actividades formativas, siéndoles expedido el Certificado de aptitud
de forma fraudulenta.
Los efectivos de la Guardia Civil, en el marco de las misiones que tienen
encomendadas como Equipo de Investigación del Subsector de Tráfico de la
Guardia Civil y de apoyo a la Jefatura Central de Tráfico y sus Órganos
Periféricos, eran conocedores de que en los últimos años el índice de siniestros
viales de motocicletas con resultado grave se ha venido incrementando, tanto en
valores absolutos como en proporción al total de siniestros, según se desprende
de los informes del Observatorio Nacional de Seguridad vial. De entre los
factores que pueden influir en este aumento, no se puede descartar la falta
conocimientos, mentalización y destreza en el manejo de los vehículos de dos
ruedas por parte de los conductores implicados.
Por otra parte, la Jefatura de Tráfico había puesto en conocimiento de los
agentes el escrito presentado por el responsable de una autoescuela, dando
cuenta de distintas irregularidades detectadas personalmente en la forma de
impartir los cursos por parte de otros centros, lo que redundaba en la mala
calidad de la formación y en la mala imagen proyectada sobre el sector de la
formación vial en general.
Investigación e imputación
Con estas premisas y contando con la colaboración de los responsables de la
Jefatura Provincial de Tráfico de Las Palmas, los agentes iniciaron un
seguimiento del desarrollo de los cursos programados por las distintas
autoescuelas en las islas de esta provincia, recopilando datos de asistencia de
los alumnos matriculados y documentación gráfica de la actividad desarrollada.
El análisis de esta información reveló que en numerosas ocasiones los alumnos
no acudían al centro de aprendizaje, o lo hacían por tiempo inferior al
programado. Del mismo modo, se comprobó que las prácticas de destreza en
circuito cerrado o el manejo de motocicletas en vías abiertas al tráfico en
general, no se realizaban o se llevaban a cabo de forma muy superficial y sin
ajustarse al programa establecido.
En el curso de las investigaciones que incluyeron a un gran número de centros
de formación vial, se detectó uno de ellos radicado en Fuerteventura, el cual
venía impartiendo desde el año 2017 cursos para obtener el certificado que
habilita para la conducción de vehículos de transporte de materias peligrosas
mediante personal docente no titulado, expidiendo las certificaciones bajo el
nombre y la firma de profesores si titulados pero que no pertenecían al centro,
suplantando su identidad. Se detectaron un total de 14 certificados expedidos en
estas circunstancias sin conocimiento de los afectados, que podrían ver
revocada la autorización obtenida. El titular y la directora de la autoescuela
fueron investigados por estos hechos y esa parte de la investigación recayó en
los Juzgados de Instrucción de Puerto del Rosario.
Una vez en poder de esta información, la Guardia Civil llamó a declarar a las
personas implicadas, como supuestos autores del delito de falsedad de
documentos oficiales y de certificados.
Posibles Penas
Art. 392 CP El Delito de falsedad en documentos públicos, oficiales y
mercantiles y de los despachos transmitidos por servicios de telecomunicación
tipificado en el art 390 del CP, cuando es cometido por particulares, tiene
prevista la pena de prisión de seis meses a tres años y multa de seis meses a
doce meses.