viernes, 29 marzo 2024

El Consejo Consultivo de Canarias dictamina la nulidad del pleno de Arrecife en el que se aprobó el pago a Endesa

  • El Consejo ratifica la posición del PP que sostenía que el pleno en el que no se convocó a la concejal Ástrid Pérez no se ajustaba a derecho 
  • Los populares denuncian que el Gobierno socialista retrasó seis meses la remisión al Consultivo para propiciar la caducidad del procedimiento 

 

 

10 de enero de 2019.-  El Partido Popular ha denunciado las tretas utilizadas por el PSOE en el Ayuntamiento de Arrecife para asegurarse de que los acuerdos aprobados en el Pleno Municipal para el pago a Endesa no podrían declararse nulos a pesar de serlo.  Así se desprende del dictamen emitido el pasado 20 de diciembre por el Consejo Consultivo de Canarias sobre la revisión de oficio de la declaración de nulidad de los acuerdos del pleno extraordinario y urgente celebrado el 28 de febrero de 2018. 

 

La portavoz municipal Dácil Garcias destaca que “ya desde el primer momento el Partido Popular alertó de que la convocatoria in extremis por la que se procedía a realizar el pago a Endesa era nulo”.  El Consultivo reconoce este extremo al considerar que no se notificó en forma la convocatoria u orden del día a todos los miembros del pleno, y que son causa de nulidad en el art. 47.1.a) y e) de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP).

 

“A pesar de las advertencias, señala Garcías, la alcaldesa consumó la aprobación con el fin de tapar la pésima gestión que habían hecho  del suministro eléctrico al ser incapaces de sacarlo a concurso como se indicaba desde los órganos de fiscalización municipal”. 

 

A sabiendas de la vulneración de la normativa, no fue hasta el 10 de mayo cuando convocó un pleno para adoptar acuerdo de iniciar procedimiento de oficio ante el Consultivo. A este retraso se sumó el tiempo que tardó el PSOE en dar traslado del mismo ya que no fue hasta noviembre cuando se registra en el Consejo Consultivo dicha petición. El resultado es que ya había transcurrido el plazo de seis de caducidad previsto por la ley. 

 

Desde las filas del Partido Popular consideran que el gobierno municipal ha dilatado de forma intencionada el procedimiento con el fin de que se sobrepasaran los plazos y se considerara nulo. “Unas artimañas que los socialistas demuestran conocer muy bien cuando se trata de solapar su mala gestión y poder sacar adelante el pago de facturas que cuentan con informes negativos de Intervención”, afirma Garcias.

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